El presidente de los Estados Unidos ha ido más lejos en sus últimas declaraciones y dice que podría deportar incluso a quienes tienen la ciudadanía.

El republicano no se detiene y en sus aseveraciones explica que irá todo lo lejos que deba ir con tal de cumplir sus promesas de campaña y sanear a los Estados Unidos. Pero sus métodos cada vez generan más disgusto.

Estas declaraciones tan polémicas encienden aún más el debate migratorio en el país. Se dieron a conocer hace solo unas horas justo desde el Despacho Oval al justificar una ampliación sin precedentes del alcance de las deportaciones.

Según sus palabras, la medida no solo afectaría a inmigrantes en situación irregular, sino también a residentes legales e incluso a personas con ciudadanía estadounidense.

Declaraciones frente a la prensa

Rodeado de periodistas, en un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Trump sugirió que está explorando nuevas fórmulas para “proteger a la sociedad”. Y según él su política contempla incluso la expulsión del país de quienes representen una amenaza para la seguridad nacional. No importa que sean ciudadanos o residentes legales, según sus propias palabras.

“He hablado con Pam, y le he dicho que hay que revisar las leyes. Siempre tenemos que respetarlas, pero creo que podríamos ir más allá, ¿por qué no?”, señaló el mandatario. Dejando abierta la posibilidad de actuar incluso contra ciudadanos norteamericanos. Sea por nacimiento o naturalización.

El argumento de Trump se enfocó específicamente en personas con antecedentes penales. Afirmó que muchos de estos individuos, incluso algunos nacidos en el país, “no deberían recibir un trato distinto al de un inmigrante que ha cometido el mismo crimen”.

“Tenemos criminales de cosecha propia. Son monstruos absolutos”, afirmó, insistiendo en que “no deberían tener más privilegios solo por haber nacido en Estados Unidos o por haber obtenido la ciudadanía después”.

Alianza con Bukele y mega prisiones

La visita de Bukele a la Casa Blanca y su conversación con Trump giró principalmente en torno al tema de las deportaciones y encarcelamientos en El Salvador.

Según Trump estrecharán la cooperación para agilizar las deportaciones masivas, incluyendo un acuerdo para que El Salvador reciba personas expulsadas de Estados Unidos, sin importar su nacionalidad.

Trump pidió personalmente a su homólogo centroamericano ampliar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La idea es que la instalación tenga más capacidad para alojar a deportados.

Para Stephen Miller, “no hay un número límite” y ya se han enviado presuntos miembros de pandillas y personas catalogadas como amenazas a la seguridad nacional.

En lo que lleva al frente de la Casa Blanca ya Trump revocó el parole humanitario a más de 500,000 migrantes y ordenó el registro obligatorio de indocumentados, una medida que puede derivar en deportaciones exprés. Sobre todo después del visto bueno que le ha dado un juez a esta iniciativa suya.

Ahora, al colocar incluso a residentes permanentes y ciudadanos en el foco de su retórica, Trump eleva la presión migratoria a un nuevo nivel, generando alarma entre comunidades inmigrantes y activistas de derechos civiles.

Pero ¿qué dice la Constitución?

La Constitución de Estados Unidos prohíbe explícitamente deportar a ciudadanos, por lo que expertos legales han calificado la idea como “una provocación sin base jurídica”.

La fiscal general Pam Bondi y el asesor Stephen Miller —ambos citados por Trump en la conversación— aún no han detallado si existe un marco legal que permita siquiera considerar esta propuesta.

Para algunos analistas, el mensaje está más dirigido al electorado que a un intento real de aplicar la medida. “Es una forma de demostrar dureza, incluso si legalmente es inviable”, dijo un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional citado por Politico.

Pero la verdad es que con Trump nada se sabe. La constitución también es clara en cuanto a las reelecciones. Y sin embargo él se pone por encima de la Carta Magna y coquetea una y otra vez con la idea de un tercer mandato.