Esto es todo lo que se sabe ahora mismo del plan para confiscar salarios y propiedades a inmigrantes que Trump considere ilegales en los Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva el 9 de mayo que permitiría al gobierno federal confiscar salarios, cuentas bancarias, autos y propiedades de inmigrantes que permanezcan ilegalmente en Estados Unidos y no se acojan al llamado programa de autodeportación, conocido como “Proyecto Regreso a Casa”.

Una orden que reactiva multas poco aplicadas

El abogado de inmigración Willy Allen explicó que las multas por presencia ilegal ya están contempladas en la ley federal desde 1996, cuando se aprobó la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA). Esta norma permite imponer multas de hasta 500 dólares diarios a personas con orden final de deportación que no abandonen el país.

Hasta ahora, estas sanciones eran raras y de aplicación excepcional. Sin embargo, con esta nueva orden ejecutiva, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea no solo aplicarlas, sino aumentarlas: de 500 a 998 dólares diarios.

Allen destacó que “si tú tienes una orden final de deportación y no te vas, te pueden multar, y ahora la secretaria de Seguridad Nacional dice que incluso podrían embargar tu salario, congelar tus cuentas o confiscar tu casa”.

¿A quiénes afectará esta medida?

El abogado aclaró que esta ofensiva legal no es tan simple como parece. Para que una persona pueda ser multada debe existir una orden de deportación vigente. “Si no hay orden final, es muy difícil que te multen por no haberte ido”, aseguró. En cambio, quienes sí tienen esa orden y no se hayan acogido al plan de autodeportación podrían enfrentar sanciones severas.

Ya hay casos documentados: un ciudadano venezolano recibió una multa de 3.000 dólares por no irse tras haber recibido salida voluntaria. En un foro legal se reportó otra multa por 1.8 millones de dólares, lo que demuestra que el gobierno está dispuesto a escalar la presión.

¿Cómo se implementarán los embargos?

Aún no hay detalles claros sobre el mecanismo de cobro. Lo más probable es que el gobierno intente recuperar las multas mediante embargo de bienes o retención de salarios. Esto encendería nuevas alarmas sobre el acceso de las agencias federales a los datos financieros de los inmigrantes y el alcance legal de estas medidas.

Allen advierte que estas sanciones podrían ser retadas en corte, como ha ocurrido con otras acciones ejecutivas de Trump. Sin embargo, para quienes ya tienen un caso cerrado, una orden final o no cuentan con representación legal, la situación se complica.

¿Qué opciones tienen los inmigrantes?

La recomendación de los expertos es clara: quienes tengan orden final de deportación y no se hayan marchado están en el grupo de mayor riesgo. Aún no es obligatorio acogerse al programa de autodeportación, pero negarse podría derivar en sanciones económicas que van más allá de una simple multa administrativa.

Para quienes no tienen orden de deportación, el panorama es más incierto. El gobierno deberá definir si intentará aplicar las sanciones de forma generalizada, lo que generaría un reto legal inmediato y una reacción judicial similar a la ocurrida con otras políticas migratorias del expresidente en su primer mandato.