Trump ordena eliminar el acceso de inmigrantes indocumentados a beneficios federales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a cualquier tipo de prestación federal. La medida refuerza su política de endurecimiento migratorio y busca garantizar que los recursos públicos solo sean utilizados por ciudadanos y residentes legales.

La Casa Blanca informó que esta orden pretende frenar el uso de fondos federales en programas que, directa o indirectamente, puedan beneficiar a inmigrantes sin estatus legal. Además, se instruyó a todas las agencias gubernamentales a identificar y eliminar cualquier ayuda que pueda estar llegando a extranjeros no cualificados.

Según la orden, el gobierno considera que el acceso a estos recursos incentiva la inmigración ilegal y contribuye a la crisis en la frontera. La medida también apunta a cortar la financiación federal a las llamadas «ciudades santuario», que ofrecen protección a los indocumentados.

Fin de programas y revisión de fondos

Si bien la ley ya excluye a los inmigrantes indocumentados de la mayoría de los beneficios federales, la Casa Blanca argumenta que algunos gobiernos locales han implementado políticas que permiten cierto grado de acceso a ayuda pública.

Con esta orden, todas las agencias y departamentos ejecutivos deberán revisar sus programas y eliminar cualquier prestación que pueda estar beneficiando a inmigrantes sin estatus legal. Además, se mejorarán los procesos de verificación de elegibilidad para evitar fraudes o accesos indebidos.

Reacciones y posibles consecuencias

La decisión ha generado reacciones mixtas. Partidarios de la política migratoria de Trump celebran la medida, argumentando que protege los intereses de los contribuyentes y refuerza la aplicación de las leyes migratorias.

Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que esta medida puede afectar a comunidades vulnerables, ya que muchas ayudas dependen de fondos estatales y locales. Además, alertan sobre posibles desafíos legales, especialmente en lo que respecta a la autonomía de los gobiernos locales en la distribución de recursos.

La implementación de esta orden ejecutiva dependerá de la cooperación entre las agencias federales y las autoridades locales, lo que podría generar nuevos conflictos entre el gobierno central y los estados que defienden la protección de los inmigrantes.