La presión migratoria en Estados Unidos alcanza nuevos niveles, afectando incluso a quienes defienden los derechos de los inmigrantes.

Una abogada nacida en Los Ángeles, California, recibió un correo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dándole siete días para abandonar el país, a pesar de ser ciudadana estadounidense. El caso ha encendido las alarmas entre expertos y asociaciones legales.

Un correo amenazante e incomprensible

Harriet Steele, especializada en derecho migratorio, quedó perpleja al leer que su “permiso para permanecer en el país” había expirado. Primero pensó que se trataba de un error relacionado con algún cliente, pero rápidamente descartó esa opción. Ninguno de sus casos activos justifica una notificación de ese tipo.

El correo advirtió que, si no obedecía en el plazo dado, enfrentaría una orden de deportación. La situación generó inquietud en la comunidad jurídica, dado que Steele es ciudadana de nacimiento y nunca ha tenido otro estatus migratorio.

¿Error del sistema o táctica de intimidación?

Un funcionario del DHS atribuyó el incidente a posibles errores en la gestión de datos, mencionando que algunas direcciones de abogados podrían haberse vinculado por accidente a expedientes de inmigrantes. Sin embargo, organizaciones como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) temen que no sea un simple fallo.

El abogado Víctor Nieblas, experto en derecho migratorio, advirtió que en el contexto actual, donde la presión contra inmigrantes se ha intensificado, estos errores no pueden verse como meras coincidencias. “Están intimidando a los abogados de inmigración y no podemos descartar que sea una táctica para disuadirnos”, afirmó.

Contexto de creciente hostilidad contra defensores de inmigrantes

El caso de Harriet Steele no es aislado. La semana pasada, la jueza Hannah Dugan, del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, fue arrestada por el FBI acusada de obstruir un operativo de ICE. Según reportes, ayudó a un inmigrante indocumentado a evitar la captura.

La detención de Dugan y casos como el de Steele muestran un endurecimiento preocupante en la política migratoria de la Administración Trump, no solo contra migrantes, sino también contra quienes los representan o protegen.

Harriet Steele promete seguir defendiendo a los inmigrantes

Lejos de amedrentarse, la abogada ha dejado claro que no piensa abandonar ni su país ni su vocación. “Continuaré haciendo mi trabajo”, declaró, en medio de una ola de apoyo de colegas y organizaciones de derechos humanos.

El episodio refleja una atmósfera cada vez más tensa para quienes ejercen la defensa de inmigrantes en Estados Unidos, en un contexto donde la presión oficial parece extenderse más allá de los tribunales y los aeropuertos.