La nueva administración que llegará a la Casa Blanca el 20 de enero está considerando eliminar una política de larga data que restringe a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en lugares considerados «sensibles».

Esta medida incluye iglesias, hospitales, escuelas y eventos como funerales, bodas y manifestaciones públicas. La noticia ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes y organizaciones que defienden sus derechos.

El fin de una política clave para los migrantes

Desde 2011, un memorando del entonces director de ICE, John Morton, estableció que los agentes federales debían obtener autorización previa para operar en estos lugares sensibles.

El objetivo era garantizar que los inmigrantes indocumentados pudieran acceder a servicios esenciales como educación, salud y espacios religiosos sin temor a ser arrestados. Esta política continuó durante los gobiernos de Barack Obama, Donald Trump en su primer mandato y Joe Biden.

Según fuentes cercanas al equipo de transición de Trump, el presidente electo planea eliminar esta restricción desde su primer día en el cargo, argumentando que esto permitiría a ICE actuar con mayor rapidez y eficiencia en su plan de deportaciones masivas. Trump ha calificado esta operación como «la más grande en la historia de Estados Unidos».

Preocupación entre líderes religiosos y defensores de derechos humanos

Líderes religiosos han expresado su alarma ante la posible eliminación de esta política. Un diácono de una iglesia en Arizona, que ha servido como refugio para migrantes, comentó que la medida podría generar represalias contra iglesias y congregaciones que ayudan a los inmigrantes.

«Muchas comunidades religiosas temen que esta decisión provoque una reacción negativa que ponga en riesgo a los fieles y a quienes buscan santuario», señaló.

Por su parte, Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), criticó la propuesta, afirmando que «realizar arrestos en escuelas u hospitales no solo es inhumano, sino también una política pública mal concebida».

Gelernt agregó que estas medidas podrían disuadir a las personas de buscar atención médica o educación, lo que tendría consecuencias negativas para las comunidades en general.

Impacto en la población inmigrante

Durante el primer mandato de Trump, ICE realizó 63 arrestos planificados y cinco urgentes en lugares sensibles.

Con la eliminación de estas restricciones, las deportaciones podrían aumentar, especialmente para inmigrantes que han buscado protección en iglesias u otros lugares de refugio.

La decisión también podría desincentivar a inmigrantes en riesgo de deportación a buscar ayuda en lugares seguros, terminando con historias como las de quienes han vivido años en iglesias para evitar ser expulsados del país.

La eliminación de esta política promete ser un punto de controversia en el inicio del nuevo mandato de Trump, intensificando el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.