Sube el precio de las visas para entrar a Estados Unidos, pero algunos lo ven como señal de un incremento en rl otorgamiento de visados.

Solicitar visa para Estados Unidos será más caro: aumentan las tarifas migratorias bajo la nueva ley presupuestaria.

El gobierno de Estados Unidos aplicará un nuevo recargo de 250 dólares a todas las visas de no inmigrante, lo que encarece de forma significativa los trámites para quienes desean viajar al país por motivos de turismo, estudio, negocios o trabajo temporal.

La medida fue anunciada como parte del paquete legislativo firmado por el expresidente Donald Trump el 4 de julio, bajo el nombre de “Big Beautiful Bill”.

Aunque todavía no se ha informado la fecha exacta en la que entrará en vigor, la disposición aparece en el sitio del periodista Mario Pentón, quien ha dado cobertura regular a los cambios más recientes en materia migratoria.

El artículo destaca que este nuevo impuesto afectará a los solicitantes de visados como la B-1/B-2 (negocios y turismo), F-1 (estudiantes), J-1 (intercambio cultural) y H-1B (trabajadores especializados), entre otros.

Con el recargo, por ejemplo, el costo de una visa de turismo pasará de 185 a 435 dólares. Un incremento que podría tener un fuerte impacto en miles de personas, especialmente de países latinoamericanos, donde muchos aspirantes deben ahorrar durante meses para cubrir los gastos del proceso consular.

Reembolso condicionado al cumplimiento estricto del visado

El nuevo sistema contempla un posible reembolso de los 250 dólares si el solicitante cumple con todas las condiciones de su estadía en Estados Unidos.

Esto incluye salir del país en la fecha indicada en su visa, no realizar actividades no autorizadas —como trabajar sin permiso— y no permanecer más de seis días adicionales después del plazo permitido.

En caso de sobrepasar ese límite de seis días, el reembolso queda automáticamente anulado.

Según explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la intención de este nuevo cobro es promover el cumplimiento estricto de las reglas migratorias y reducir el número de visitantes que violan los términos de su estancia.

Aumentan también los costos de otros trámites migratorios

El alza en las tarifas no se limita a las visas. El mismo paquete legislativo establece nuevos pagos obligatorios para procesos relacionados con el asilo, el TPS y el parole humanitario, entre otros. Estas son algunas de las nuevas tarifas:

• Solicitud de asilo: 100 dólares al momento de presentarla, más una tarifa anual de 100 dólares mientras la solicitud esté pendiente.
• Autorización de empleo: 550 dólares para la solicitud inicial y 275 dólares para cada renovación.
• TPS (Estatus de Protección Temporal): 500 dólares por la solicitud, sin posibilidad de exoneración.
• Parole humanitario: 1.000 dólares por trámite.
• Mociones ante tribunales de inmigración: 900 dólares para reabrir o reconsiderar un caso.
• Apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA): 900 dólares.

Este nuevo esquema elimina exenciones previas y obliga incluso a los solicitantes de asilo a pagar desde el inicio del proceso, algo que organizaciones proinmigrantes ya han calificado como una barrera adicional para quienes huyen de contextos de violencia o crisis humanitaria.

Seguridad fronteriza y tecnología: los destinos del dinero recaudado

La Casa Blanca ha justificado estos cobros como parte de un esfuerzo por modernizar el sistema migratorio y reforzar el control fronterizo.

Los fondos recaudados se destinarán a implementar nuevas tecnologías de reconocimiento facial, bases de datos biométricos y plataformas automatizadas de detección de fraude migratorio.

Empresas privadas como Palantir y Anduril tendrán un rol destacado en la ejecución de estos sistemas de vigilancia avanzada.

Su incorporación apunta a ampliar las capacidades del gobierno para rastrear entradas, salidas y movimientos de los solicitantes de visas desde el momento en que aplican.

El encarecimiento de estos trámites genera preocupación en muchas comunidades migrantes, pero también se interpreta en algunos círculos como un intento de estabilizar un sistema colapsado por la demanda y la falta de personal consular.

Resta por ver si, tras este ajuste financiero, habrá una reorganización que facilite la disponibilidad y rapidez en los procesos migratorios.