El presidente electo Donald Trump ha revelado que entre sus principales prioridades al asumir el cargo en enero se encuentra la implementación de un endurecido plan migratorio. Este incluye la eliminación del parole humanitario y el sistema de citas CBP One, dos herramientas clave utilizadas por miles de migrantes para ingresar legalmente a Estados Unidos.

Restricciones a programas de entrada legal

Según fuentes cercanas al equipo de transición y un informe de Politico, la nueva administración planea desmantelar el parole humanitario, un programa que permite a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití ingresar al país con permisos temporales de residencia y trabajo, siempre que cumplan con ciertos requisitos y cuenten con patrocinadores en territorio estadounidense.

Desde su creación bajo la administración Biden, más de 530,000 personas han aprovechado esta opción para establecerse en Estados Unidos.

Asimismo, el uso de la aplicación CBP One, diseñada para gestionar citas de solicitantes de asilo y facilitar su ingreso de manera controlada, también está en riesgo de ser eliminado.

Mientras los republicanos critican este sistema por considerarlo una vía para acelerar el ingreso de migrantes, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han señalado que limita los derechos de los solicitantes de asilo.

Argumentos y desafíos legales

Durante su campaña, Trump calificó estas políticas como muestras de debilidad en la gestión migratoria e insistió en la necesidad de endurecer las normas desde el primer día de su mandato. El abogado de inmigración Ismael Labrador, en declaraciones a Univisión, explicó que estas medidas son viables desde un punto de vista legal, gracias a los amplios poderes que el presidente tiene sobre política migratoria.

Sin embargo, Labrador advirtió que el plan podría enfrentar desafíos legales, similares a los que ocurrieron durante el primer mandato de Trump. En aquella ocasión, intentos de eliminar programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) fueron bloqueados por demandas que se prolongaron durante años.

Estrategias para evitar obstáculos

Para evitar los mismos problemas legales del pasado, Tom Fitton, activista conservador cercano al equipo de transición, afirmó que la nueva administración está considerando declarar una emergencia nacional. Esta medida permitiría utilizar recursos militares para implementar deportaciones masivas y reforzar la seguridad en la frontera.

Además, Trump ha mencionado la posibilidad de renegociar acuerdos internacionales para facilitar la devolución de migrantes a sus países de origen. Este enfoque busca no solo reducir la inmigración, sino también fortalecer los mecanismos para acelerar las deportaciones.

Aumento en cruces ilegales y tensiones fronterizas

La noticia de estas políticas ha generado un incremento en los cruces irregulares en la frontera sur. Muchas personas intentan ingresar antes de que las nuevas restricciones entren en vigor, temiendo perder cualquier oportunidad de entrada legal.

Por otro lado, los defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas. Según Amnistía Internacional, la eliminación de CBP One y el parole humanitario podría dejar a miles de migrantes sin opciones legales y aumentar la vulnerabilidad de quienes buscan asilo.

Implicaciones de las nuevas políticas

El plan migratorio de Trump apunta a reducir drásticamente la inmigración, tanto legal como irregular, y fortalecer los mecanismos de deportación. Aunque su implementación está sujeta a desafíos legales, la administración entrante parece decidida a avanzar rápidamente, declarando que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad nacional y restaurar el control en la frontera.

En los próximos meses, se espera que estas políticas sean objeto de intenso debate político y social, mientras Estados Unidos se prepara para una nueva etapa en su enfoque migratorio.