Desde el 16 de octubre de 2025, entraron en vigor nuevas disposiciones que modifican la forma en que se tramita el permiso especial de entrada o permanencia temporal en Estados Unidos, conocido como “parole”.
La medida fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional y publicada oficialmente en el Registro Federal.
Estas nuevas reglas marcan un cambio significativo para miles de solicitantes, especialmente migrantes de países latinoamericanos que han utilizado este mecanismo como vía legal de ingreso al país.
¿Qué implica el cambio?
El “parole” migratorio permite al gobierno estadounidense autorizar la entrada o permanencia temporal de extranjeros por razones humanitarias urgentes o de beneficio público.
No constituye una admisión legal al país, sino un permiso discrecional. Este puede otorgarse en distintos contextos: desde un puerto de entrada, dentro del territorio nacional o incluso bajo custodia de las autoridades migratorias.
Hasta ahora, el proceso se realizaba mediante el Formulario I-131 (Solicitud de Documento de Viaje), con tarifas que dependían del método de presentación.
Con la nueva regulación, además del costo habitual, se incorpora un pago adicional obligatorio para quienes reciban la aprobación del permiso. Esto aplica ya sea por primera vez o en renovación.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el cobro se realizará solo después de aprobada la solicitud.
La notificación incluirá las instrucciones y una fecha límite de pago. Además, la autorización final no será emitida si el solicitante no cumple con ese requisito en el plazo establecido.
Fundamento legal de la medida
Las nuevas condiciones derivan de la Ley HR-1, también llamada “The One Big Beautiful Bill Act”, aprobada el 4 de julio de 2025.
Esta legislación reformó varios programas de inmigración con el objetivo de financiar el control fronterizo y disminuir la dependencia del sistema migratorio respecto al presupuesto federal.
El texto de la ley prevé que los montos asociados al trámite puedan ser revisados anualmente. Esto se hará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor.
Excepciones establecidas
Existen diez categorías específicas de casos en los que el pago no será requerido.
Entre ellas se encuentran las emergencias médicas, tratamientos inalcanzables en el país de origen, donaciones de órganos, visitas a familiares gravemente enfermos o fallecidos, adopciones urgentes, audiencias migratorias en países vecinos o cooperaciones judiciales.
También quedan exentos los “cubanos entrantes” y los “haitianos entrantes” amparados por la Ley de Asistencia Educativa para Refugiados de 1980, así como algunos solicitantes en proceso de ajuste de estatus.
¿Qué ocurre con los cubanos beneficiados?
Los migrantes cubanos que ya obtuvieron su “parole humanitario” no tendrán que pagar la nueva tarifa. Esto se debe a que la medida no tiene carácter retroactivo.
Solo se aplicará a las solicitudes aprobadas a partir del 16 de octubre de 2025.
Además, los cubanos que ingresen al país bajo la categoría de “entrantes” seguirán exentos de este nuevo cobro. Esto es siempre que no cuenten con una orden final de deportación ni otro estatus migratorio vigente.
Esto incluye a quienes ingresaron por la frontera sur mediante la aplicación CBP One o fueron aprobados dentro del programa humanitario CHNV (para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos).
¿Qué pasa con los familiares de otras nacionalidades?
Un punto sensible es la situación de los cónyuges o hijos no cubanos de solicitantes amparados bajo el programa. Estos familiares podrían quedar fuera de las exenciones, lo que implicaría costos adicionales para las familias en proceso de reunificación.
La medida llega en un contexto de creciente presión sobre los programas de inmigración humanitaria y coincide con los intentos de limitar beneficios como la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966.
