Un memorando reciente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha reactivado una práctica que llevaba más de tres décadas en desuso y que podría cambiar el proceso de naturalización para miles de inmigrantes legales.
Se trata de controles adicionales que, aunque contemplados en la ley desde hace tiempo, habían dejado de aplicarse por considerarse costosos y poco útiles. La decisión, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, devuelve a la escena un mecanismo casi olvidado y que genera más preguntas que certezas.
¿Qué es lo que se reactivó realmente?
De acuerdo con el memorando fechado el 22 de agosto, USCIS retomará las llamadas “investigaciones vecinales”. Este procedimiento faculta a los oficiales a visitar el vecindario o lugar de trabajo del solicitante y entrevistar directamente a personas de su entorno, como vecinos, empleadores o compañeros de empleo.
El objetivo, según el documento, es verificar aspectos relacionados con la residencia continua, la buena conducta moral y la disposición del solicitante a cumplir con la Constitución de Estados Unidos. Se trata de requisitos ya presentes en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que hasta ahora se comprobaban principalmente mediante bases de datos y controles biométricos.
“El USCIS está reanudando las investigaciones personales de extranjeros que solicitan la naturalización”, señala el memorando.
¿Cómo funcionan las investigaciones vecinales?
La agencia podrá solicitar cartas de referencia, realizar entrevistas en persona y pedir testimonios escritos de personas que conozcan al solicitante. Si este no entrega la evidencia de forma voluntaria, podrá ser objeto de una verificación más profunda.
La medida otorga mayor poder de discrecionalidad a los oficiales y podría derivar en retrasos en los trámites, ya que las entrevistas y visitas implican recursos adicionales en un sistema ya sobrecargado.
El director del USCIS, Joseph Edlow, defendió la decisión alegando que los estadounidenses “deberían sentirse reconfortados al saber que la agencia se toma en serio su responsabilidad de garantizar que los extranjeros tengan buen carácter moral, se adhieran a los principios de la Constitución y estén bien dispuestos al buen orden y la felicidad del país”.
Un regreso a 1991
Aunque esta práctica está prevista en la ley desde 1965, fue prácticamente abandonada en 1991. En aquel entonces, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) la descartó por ineficaz y costosa. “Fue visto como un proceso anacrónico”, explicó Doris Meissner, excomisionada del INS.
Durante más de treinta años, la verificación de antecedentes se basó principalmente en huellas digitales y en el cruce de información con bases criminales del FBI. Con esta decisión, la administración Trump da un giro hacia un modelo más intrusivo y subjetivo.
Críticas y temores de discriminación
Diversos expertos y organizaciones de derechos migratorios cuestionan la medida. Consideran que podría convertirse en un mecanismo de intimidación y desalentar a inmigrantes elegibles de iniciar el proceso de naturalización.
“La idea es crear un ambiente intimidante que desanime a la gente”, advirtió Doris Meissner a CBS News.
El exfuncionario del USCIS Erik Finch agregó que la falta de lineamientos claros abre la puerta a la discrecionalidad: “Sin estándares definidos, dos solicitantes con casos casi idénticos podrían enfrentar niveles de escrutinio muy diferentes”.
También se advierte que estas verificaciones podrían generar discriminación selectiva, especialmente contra comunidades migrantes racializadas, aumentando la percepción de hostilidad hacia ellas.
Consecuencias prácticas para los solicitantes
Los controles vecinales podrían traducirse en demoras adicionales. El propio USCIS enfrenta limitaciones de personal y presupuesto, lo que hace prever retrasos en la programación de entrevistas y en la toma de juramentos.
Además, los vecinos o empleadores contactados no tienen obligación de preparar documentos específicos, pero sí pueden ser requeridos para dar testimonio sobre la conducta o la residencia del solicitante. En la práctica, esto puede generar tensión y presión social en comunidades enteras.
Una pieza más en la política restrictiva
El restablecimiento de estas prácticas no ocurre en el vacío. Forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para endurecer el acceso a la inmigración legal. Se suma a otras medidas como la reducción en la admisión de refugiados, la eliminación de programas humanitarios impulsados bajo la presidencia de Joe Biden y un criterio más estricto sobre el “buen carácter moral”.
“Incorporar investigaciones vecinales contribuirá a mejorar estas verificaciones requeridas por ley para garantizar que cumplamos con la intención del Congreso”, declaró Edlow en una entrevista a Politico.
Sin embargo, críticos aseguran que más allá de la retórica de control y legalidad, lo que se busca es reforzar un clima de miedo e incertidumbre entre los inmigrantes que buscan convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.