El Defensor del Pueblo de España acudió al Tribunal Constitucional para intentar frenar la suspensión del voto de españoles nacionalizados por la Ley de Nietos.
Ángel Gabilondo presentó el recurso de amparo el 16 de octubre y pidió medidas cautelarísimas. Busca una decisión urgente sobre la interpretación del Tribunal Supremo, que mantiene la suspensión antes de las próximas elecciones generales.
¿Qué decidió el Tribunal Supremo?
La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirmó el 12 de octubre la suspensión que afecta a personas nacionalizadas mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La controversia se centra en electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
El Defensor del Pueblo tomó la decisión tras recibir peticiones de particulares y entidades. Su recurso pide al Constitucional que examine el efecto de la medida sobre el derecho fundamental al voto.
A quiénes afecta la suspensión
La restricción descrita en el litigio se refiere al censo de españoles residentes en el exterior, no a todos los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por esta ley. Esa distinción importa para los cubanos nacionalizados: su situación electoral depende, entre otros factores, del censo en el que figuren.
La cifra difundida durante el proceso apunta a 163.020 electores potencialmente afectados. Se trata de un alcance posible, no de un recuento definitivo de personas que perderán el voto.
El recurso aún necesita una respuesta
La presentación del amparo no levanta por sí sola la suspensión. La petición de medidas cautelarísimas busca que el Constitucional se pronuncie con urgencia antes de los comicios.
Quienes estén afectados pueden acudir al Defensor del Pueblo para plantear una queja. La institución facilita el teléfono 900 101 025 para llamadas desde España y el (+34) 91 432 62 91 desde el extranjero.
