La demanda de 992 cubanos con I-220A enfrenta un nuevo intento de cierre en Miami, tras una petición presentada por el Gobierno de Estados Unidos ante la jueza federal Jacqueline Becerra.
El escrito ingresó el 9 de octubre de 2026 en el caso Bello-Rubio, identificado con el número 1:25-cv-23665. El Gobierno solicita desestimar la demanda enmendada por considerar que el tribunal carece de jurisdicción y que las reclamaciones no tienen fundamento jurídico suficiente.
Se trata de una solicitud, no de una decisión judicial. La disputa sobre las condiciones en que las autoridades detuvieron y liberaron a los demandantes sigue abierta.
El caso continúa tras una primera moción rechazada
Becerra rechazó el 10 de septiembre una petición anterior del Gobierno para cerrar el proceso. La orden emitida al día siguiente permitió que el litigio continuara, sin decidir si las liberaciones debían reconocerse como parole migratorio.
Los abogados de los demandantes presentaron una segunda versión de la demanda el 18 de septiembre. En ella incorporaron expresamente la controversia sobre la disposición legal utilizada para detenerlos al llegar a Estados Unidos. La nueva moción gubernamental responde a ese escrito.
Los demandantes buscan que se examine su detención y posterior liberación para determinar si pueden considerarse beneficiarios de parole. Ese reconocimiento podría permitirles solicitar la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano, siempre que cumplan los demás requisitos.
También está pendiente el alcance de una posible sentencia
El 9 de octubre, el Gobierno presentó otros dos escritos. Uno trata la solicitud de medidas judiciales de protección formulada por los demandantes. El otro aborda su petición de tramitar el caso como demanda colectiva.
Con esa petición, sus abogados buscan que una eventual decisión pueda alcanzar a otras personas en la misma situación jurídica. Becerra todavía no ha aprobado la certificación como demanda colectiva.
Para quienes siguen la demanda de 992 cubanos con I-220A, esa distinción es relevante: el número identifica el litigio, pero aún no define a quiénes podría beneficiar una sentencia.
Los próximos plazos y el efecto sobre el I-220A
El expediente fija el 23 de octubre de 2026 como fecha límite para responder a la nueva moción de desestimación. Los demandantes cuentan además con siete días desde la presentación de los otros escritos para contestarlos. Ese plazo apunta inicialmente al 16 de octubre, salvo que el tribunal disponga otra cosa.
El formulario I-220A documenta una liberación bajo determinadas condiciones, pero no equivale por sí solo al parole migratorio. El litigio plantea que deben examinarse las circunstancias concretas de la detención y liberación de los demandantes.
La presentación de la moción no cambia automáticamente el estatus migratorio de quienes participan en el caso. Tampoco elimina las obligaciones de comparecer ante las autoridades o ante un tribunal de inmigración cuando corresponda.
