Una demanda contra ICE en Miramar, Florida, denuncia privaciones y restricciones de contacto para inmigrantes retenidos en ese centro de procesamiento.
La acción judicial fue presentada por un grupo de organizaciones de derechos civiles, encabezado por el Centro Legal para la Pobreza del Sur y Americanos por la Justicia para los Inmigrantes. Los señalamientos se refieren al uso de la instalación, ubicada en el sur de Florida, como lugar de detención temporal.
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Según la demanda, algunas personas permanecen en Miramar más tiempo del permitido por la ley. Las organizaciones también alegan hacinamiento, alimentación insuficiente y restricciones de acceso a las duchas que se prolongan durante semanas.
Los demandantes sostienen que el centro carece de personal médico para responder ante posibles emergencias. A.J. Hernández, subdirector para la justicia de inmigrantes del Centro Legal para la Pobreza del Sur, cuestionó además las condiciones de descanso y el acceso a comida y agua.
Estas afirmaciones forman parte de la reclamación presentada contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Describen las condiciones que las organizaciones piden al tribunal examinar, no hechos establecidos por una resolución judicial.
Obstáculos para hablar con abogados y familiares
La demanda también denuncia impedimentos para recibir visitas legales. Según las organizaciones, las personas retenidas tampoco pueden llamar a sus familiares para comunicarles dónde se encuentran mientras se define su situación migratoria.
Sui Chung, directora ejecutiva de Americanos por la Justicia para los Inmigrantes, sostuvo que la detención no elimina la obligación de garantizar derechos humanos básicos. En su declaración, vinculó las condiciones denunciadas con el aislamiento de las personas retenidas respecto de sus familias, comunidades y abogados.
La petición sobre el uso de Miramar
Hernández afirmó que la instalación no fue construida para funcionar como centro de detención. También sostuvo que no cuenta con los recursos necesarios para garantizar condiciones básicas a las personas retenidas.
La petición de las organizaciones va más allá de corregir las condiciones que describen: solicitan al tribunal que obligue a ICE a dejar de utilizar Miramar como centro de detención.
