El Gobierno de Estados Unidos prepara nuevas restricciones para quienes buscan obtener la residencia permanente. La medida permitirá negar la green card a solicitantes considerados posibles beneficiarios futuros de ayudas públicas.
La norma entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, los funcionarios de inmigración tendrán mayor margen para evaluar cada expediente.
¿Quiénes podrían quedar fuera de la residencia permanente?
La nueva regla afectará a extranjeros que no logren demostrar suficiente solvencia económica para vivir en Estados Unidos sin depender de determinados programas públicos.
Durante la revisión, los funcionarios podrán analizar ingresos, recursos financieros, edad, estado de salud, situación familiar y otros elementos del caso.
Uno de los puntos centrales será determinar si el solicitante puede convertirse en una “carga pública”. Esa valoración podría influir tanto en solicitudes de residencia como en ciertos trámites de visa de inmigrante.
Entre los programas bajo mayor vigilancia aparecen servicios de salud financiados con fondos públicos. En años anteriores, medidas similares incluyeron referencias a Medicaid y al Programa de Seguro Médico para Niños.
La decisión no será automática para todos los solicitantes que hayan recibido alguna ayuda. Cada expediente deberá revisarse de manera individual, según los factores reunidos por las autoridades migratorias.
Más controles para el ajuste de estatus
El endurecimiento se suma a otros cambios anunciados por la Administración de Donald Trump. Uno de ellos afecta a inmigrantes que buscan completar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
En determinados casos, esas personas tendrían que realizar el trámite consular desde una embajada estadounidense en su país de origen. Esto implicaría salir del territorio estadounidense antes de obtener una decisión final.
La salida podría generar dificultades adicionales para quienes tienen antecedentes migratorios, órdenes pendientes o largos periodos de permanencia irregular.
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que el nuevo sistema podría aumentar las diferencias entre solicitantes con mayores recursos y personas de bajos ingresos.
Cambios para estudiantes y periodistas extranjeros
El Departamento de Seguridad Nacional también anunció límites para titulares de visas F, J e I.
Los estudiantes universitarios y participantes en programas de intercambio podrán permanecer hasta cuatro años por cada periodo de admisión. Antes, muchos recibían autorización vinculada a la duración de sus estudios.
Los periodistas extranjeros con visa I tendrán un plazo máximo de 240 días, aunque podrán solicitar extensiones. Para periodistas con pasaporte chino, el límite será de 90 días.
Las autoridades sostienen que estos controles buscan reducir estancias irregulares después del vencimiento de las visas. Los afectados deberán solicitar renovaciones con mayor frecuencia y demostrar que mantienen las condiciones exigidas.
La nueva política coloca la capacidad económica entre los elementos más importantes para obtener la residencia permanente. También concede más peso a la valoración individual realizada por los funcionarios de inmigración.
