El gobierno de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su agenda migratoria al reactivar una antigua herramienta legal que permite acelerar el procesamiento de inmigrantes en situación irregular.

La medida fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ya comenzó a aplicarse de forma masiva en todo el país.

Según las autoridades, el cambio elimina el período de espera habitual de 30 días antes de notificar a los migrantes la intención de iniciar acciones en su contra. Ahora, las notificaciones se envían directamente por correo postal, y los plazos para responder se acortan significativamente.

Desde el pasado 13 de junio, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha enviado cerca de 10,000 avisos relacionados con este procedimiento, según reveló el propio DHS en un comunicado oficial.

Quiénes pueden ser procesados y por qué

El nuevo reglamento se aplica a varias categorías de personas:

• Quienes hayan ingresado sin autorización al país

• Aquellos que hayan incumplido órdenes de expulsión

• Migrantes que no hayan respetado acuerdos para la salida voluntaria dictados por jueces de inmigración

Las consecuencias económicas pueden ser severas. Las cifras reveladas por el DHS van desde $100 hasta casi $10,000 por cada infracción, y en casos extremos pueden llegar a $998 diarios si no se acata una orden final de deportación.

Aplicación retroactiva y casos de alto impacto

Una de las decisiones más polémicas es la retroactividad de la medida, que podría aplicarse hasta cinco años atrás. En este contexto, ya han salido a la luz casos extremos, como el de Wendy Ortiz, una madre salvadoreña que recibió una sanción de $1.8 millones, pese a que nunca fue citada ante un juez.

Las organizaciones de defensa de los migrantes alertan sobre el posible impacto en más de 1,4 millones de personas con órdenes finales de deportación, muchas de ellas en hogares donde viven ciudadanos estadounidenses.

Incentivos para la salida voluntaria

Como complemento, el gobierno promueve el uso de la aplicación móvil CBP Home para facilitar autodeportaciones. Quienes la utilicen podrían recibir perdón total de multas, viajes gratuitos e incluso un bono de salida de $1,000 dólares.

«La autodeportación es la forma más segura y económica de salir de Estados Unidos», dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al presentar el plan.

Además de las multas, el gobierno evalúa confiscar propiedades a quienes no paguen. Esta acción, a cargo del Departamento de Justicia, aún enfrenta obstáculos técnicos y legales.

Críticas y posible batalla judicial

Expertos en política migratoria y exfuncionarios consideran que esta estrategia se basa más en intimidar que en aplicar justicia. Se espera que organizaciones legales presenten demandas en los próximos meses para frenar su implementación.

Mientras tanto, el endurecimiento del régimen de sanciones bajo el nuevo mandato de Trump ya está teniendo efectos visibles en las comunidades migrantes del país.