Muchos cubanos que viven en Estados Unidos con un documento I-220A han suftido durante años un limbo migratorio. Pero ahora todo podría cambiar por fin.
Sus rutinas dependen de un papel que no les garantiza estabilidad y que, en ocasiones, los deja expuestos a detenciones inesperadas.
La sensación de no saber qué puede ocurrir al día siguiente se ha convertido en parte de su vida diaria.
A esto se suma el temor constante a una llamada, una parada en carretera o una simple verificación en un punto de control.
Incluso quienes trabajan, pagan impuestos y llevan años asentados, sienten que cualquier trámite puede cambiarlo todo.
Esa incertidumbre ha marcado a miles de familias cubanas en diferentes estados.
Un fallo judicial que cambia el panorama
Este miércoles se conoció una decisión clave emitida por una jueza federal del Distrito Central de California.
La orden obliga al Departamento de Seguridad Nacional a revertir la política aplicada desde julio por la Administración de Donald Trump, que había bloqueado por completo las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos dentro del país.
La medida no concede liberaciones automáticas. Lo que sí hace es permitir que quienes cumplen los requisitos puedan pedir una audiencia y optar por salir bajo fianza, tal como se hacía durante décadas en Estados Unidos.
Cómo beneficia esto a los cubanos con I-220A
El abogado de inmigración Ismael Labrador explicó en una entrevista con el periodista Mario J. Pentón que muchos cubanos con I-220A podrían resultar entre los mayores beneficiados.
Señaló que incluye a quienes llevan años en Estados Unidos, no representan riesgo para la comunidad y ya habían visto sus casos desestimados en cortes o en procesos ocurridos tras detenciones en carretera o centros de control.
Labrador señaló que estos migrantes “ahora van a tener derecho a una fianza”. Sin embargo, recordó que la decisión final siempre depende del juez y de que la persona cumpla dos requisitos básicos: no representar peligro y no tener riesgo de fuga.
Qué estableció la jueza Sunshine S. Sykes
La jueza determinó que los inmigrantes que residían en Estados Unidos antes de ser detenidos sí tienen derecho legal a solicitar audiencias de fianza, algo que la política de Trump había eliminado incluso para personas sin antecedentes o con arraigo comprobado en el país.
El fallo deriva de una demanda colectiva que denunció la política como una violación del debido proceso.
Organizaciones civiles estiman que más de 65 mil personas permanecen ahora mismo en centros de detención por infracciones administrativas, no por delitos, lo que hace que esta decisión cobre aún más importancia.