El acceso al asilo en Estados Unidos volverá a endurecerse a partir de finales de 2025.
Una norma federal, aplazada durante años, entrará en vigor con criterios más restrictivos para ciertos solicitantes.
El cambio no se presenta como una reforma migratoria tradicional. Su impacto dependerá de situaciones excepcionales, pero el texto ya genera inquietud entre abogados y organizaciones de derechos humanos.
Una norma antigua que entra en vigor ahora
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia confirmaron que una regla federal publicada en diciembre de 2020 comenzará a aplicarse el 31 de diciembre de 2025. Su entrada en vigor fue pospuesta varias veces por conflictos legales y ajustes técnicos.
La norma modifica los criterios que determinan quién puede acceder al asilo o a la suspensión de remoción en Estados Unidos. El argumento oficial se centra en la protección de la seguridad nacional y la salud pública.
Aunque el texto original incluía múltiples cambios, las agencias eliminaron varias disposiciones por considerarlas incompatibles con regulaciones aprobadas entre 2021 y 2024.
Nuevos criterios que pueden cerrar la puerta al asilo
El punto central de la regla es la ampliación de las llamadas barreras obligatorias al asilo. Bajo esta interpretación, un solicitante puede ser considerado un peligro para la seguridad nacional durante una emergencia de salud pública.
El documento establece que una persona extranjera puede quedar excluida de la suspensión de remoción si presenta síntomas de una enfermedad declarada emergencia sanitaria o si estuvo expuesta a ella dentro del periodo de incubación.
Además, las autoridades podrán designar países o regiones completas como zonas de riesgo sanitario. En esos casos, los solicitantes procedentes de esas áreas podrían enfrentar vetos automáticos.
Esta facultad quedará en manos del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y las autoridades de salud pública.
Qué partes fueron eliminadas del texto original
De forma paralela, el gobierno retiró fragmentos de la norma de 2020 que modificaban las entrevistas de miedo creíble. Esos cambios afectaban el procedimiento inicial del asilo y chocaban con reglas posteriores.
El propio Departamento de Seguridad Nacional reconoció que mantenerlos activos habría generado confusión regulatoria y posibles errores legales.
Por ese motivo, se eliminaron disposiciones sobre evaluaciones preliminares, remociones a terceros países y otros aspectos técnicos del proceso migratorio.
No es retroactiva y mantiene algunas protecciones
La regla no se aplicará de forma retroactiva. Tampoco elimina el acceso a la protección bajo la Convención contra la Tortura, que seguirá disponible si el solicitante demuestra riesgo real en su país de origen.
Asimismo, la norma no afectará a quienes regresen a Estados Unidos desde Canadá bajo el acuerdo bilateral vigente.
El contexto político detrás del endurecimiento
La entrada en vigor de esta regla se produce en un momento de fuerte presión sobre el sistema migratorio. Los tribunales acumulan más de 3 millones de casos pendientes, muchos de ellos solicitudes de asilo sin resolver.
En ese contexto, figuras cercanas a Donald Trump han defendido medidas más drásticas. Entre ellas, Stephen Miller ha sugerido deportaciones masivas que incluyan a personas con casos de asilo aún abiertos.
Aunque esa propuesta no forma parte de esta norma, refleja el clima político que rodea las decisiones migratorias actuales y refuerza el mensaje de disuasión.
Una regla lista para futuras crisis sanitarias
El gobierno afirma que, por ahora, no existe ninguna emergencia sanitaria activa que active estas restricciones. Sin embargo, la norma queda preparada para aplicarse en futuras pandemias o brotes epidémicos.
Organizaciones defensoras de migrantes advierten sobre el riesgo de arbitrariedad y discriminación. Algunos especialistas en salud pública también cuestionan la base científica de ciertos criterios.
Pese a las críticas, las autoridades insisten en que el objetivo es reforzar el control migratorio sin eliminar por completo las vías legales.
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