Miles de trabajadores extranjeros han quedado fuera del sistema laboral desde que el presidente Donald Trump eliminó el programa de parole humanitario, que otorgaba permisos de trabajo a ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
La medida ha provocado despidos masivos y una escasez de mano de obra en sectores clave de la economía estadounidense.
La cancelación del parole deja a miles sin ingresos
Según un reportaje de Associated Press, muchos inmigrantes han perdido sus fuentes de sustento tras la cancelación del programa.
María, una nicaragüense de 48 años que limpiaba escuelas en Florida, contó que tras ser despedida se quedó con “cinco dólares en la cuenta”.
Su testimonio refleja la situación de miles de personas que trabajaban legalmente bajo el parole.
El gobierno de Trump justifica estas acciones con el argumento de frenar una “invasión” en la frontera sur y proteger los empleos para ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, la reducción de trabajadores inmigrantes está afectando tanto a empleos poco calificados como a profesionales extranjeros en sectores estratégicos.
Empresas y servicios esenciales al borde del colapso
Goodwin Living, una organización sin fines de lucro en Virginia dedicada al cuidado de adultos mayores, tuvo que despedir a decenas de empleados haitianos.
Su director, Rob Liebreich, advirtió que podrían perder a otros sesenta: “Necesitamos a toda esa gente, necesitamos esas manos”.
El impacto se amplía con la Ley One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio. La norma destinó 150 mil millones de dólares para ampliar deportaciones, contratar 10 mil agentes del ICE y construir nuevos centros de detención.
Las redadas han provocado incluso tensiones diplomáticas. En Georgia, la detención de 300 trabajadores surcoreanos en una planta de baterías de Hyundai causó fricciones con Seúl, contradiciendo la estrategia de atraer inversión extranjera.
Escasez en el campo y temor entre trabajadores legales
Agricultores como John Boyd Jr., en Virginia, denuncian que la falta de mano de obra amenaza la producción de alimentos.
“Estos son trabajadores que hacen el trabajo duro que muchos estadounidenses no quieren hacer”, señaló.
El temor se ha extendido incluso a empleados con visa H-2A, quienes han sido interceptados por autoridades migratorias pese a tener todos sus documentos en regla.
En Florida, productores advierten que la cosecha corre peligro por la ausencia de trabajadores extranjeros.
Trump reconoció la importancia del sector agrícola y mencionó que su administración evalúa mecanismos para el retorno legal de algunos deportados. No obstante, aún no se han anunciado medidas concretas.
Tecnología y talento extranjero también en riesgo
El endurecimiento de la política migratoria afecta también a empresas tecnológicas. Trump elevó el costo del visado H-1B de 215 a 100 mil dólares, lo que muchos interpretan como un mensaje de exclusión. “Ese monto no es solo un trámite burocrático, es una señal: no eres bienvenido aquí”, opinó Dany Bahar, del Centro para el Desarrollo Global.
La economía se enfría y crece la preocupación
Los efectos ya son visibles. Entre junio y agosto, la creación de empleo mensual cayó a un promedio de 29 mil nuevos puestos, frente a los 400 mil registrados entre 2021 y 2023. El Congreso presupuestario redujo la previsión de crecimiento económico a 1.4% anual.
Más de un millón de inmigrantes han desaparecido del mercado laboral como consecuencia directa de las redadas y deportaciones. La agricultura, la construcción y el cuidado de personas son los sectores más golpeados, con proyectos detenidos y servicios esenciales en crisis.
Un informe académico reciente recordó que los latinos han sostenido gran parte de la economía estadounidense durante y después de la pandemia.
Si el PIB latino fuera una economía independiente, ocuparía el quinto lugar mundial. Sin embargo, las actuales restricciones ponen en riesgo ese impulso que ha sido vital para el crecimiento del país.
