La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de eliminar varios programas migratorios humanitarios ha vuelto a generar incertidumbre entre miles de familias latinoamericanas.
La medida afecta a nacionales de varios países y reduce de forma inmediata las vías legales disponibles para regularizar la estancia en territorio estadounidense.
El anuncio marca un punto de inflexión para quienes dependían de estos mecanismos para reunirse con familiares cercanos. Ahora, el margen de maniobra es más estrecho y los plazos juegan en contra.
Qué implica el cierre del programa de reunificación familiar
Estados Unidos confirmó la terminación de los programas de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos.
Las autoridades estadounidenses justificaron la medida alegando abusos en el uso de estas protecciones humanitarias.
Como consecuencia, las personas amparadas por el programa deberán abandonar el país a mediados de enero si no cuentan con otra base legal para permanecer.
Opciones legales que aún siguen vigentes
Pese al cierre del programa, no todas las puertas quedan cerradas. Los migrantes afectados pueden explorar otras vías legales, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la ley migratoria estadounidense.
Entre las alternativas se encuentran solicitudes de asilo, procesos de ajuste de estatus por vínculos familiares distintos, visas de trabajo o protección bajo otras figuras humanitarias, según cada caso.
Estas opciones suelen ser más complejas y requieren asesoría legal especializada.
Impacto inmediato en las familias migrantes
La eliminación del programa afecta de manera directa a familias que ya estaban en proceso de reunificación.
Muchas habían iniciado trámites con la expectativa de una solución rápida y ahora enfrentan la posibilidad de separación prolongada.
Además del impacto emocional, la decisión también tiene consecuencias económicas.
En numerosos hogares, los ingresos del migrante sostienen a familiares en sus países de origen, lo que agrava la preocupación ante una posible salida forzada.
Reducción de deportaciones y cambios en la migración regional
En paralelo, algunos países de la región han registrado una disminución en las deportaciones desde Estados Unidos.
Este descenso se atribuye a campañas de concienciación sobre los riesgos de la migración irregular y a mayores controles en rutas utilizadas por redes de tráfico de personas.
La cooperación regional, junto con acuerdos bilaterales, ha buscado frenar los flujos irregulares y reducir el poder de las organizaciones criminales que se benefician de la migración desesperada.
El caso de Ecuador y la postura de su Gobierno
En el caso de Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld señaló que su país respeta la decisión soberana de Estados Unidos. Recordó que el programa de reunificación familiar era unilateral y tenía un plazo definido.
“Ya no hay más este programa o este privilegio y el Ecuador respeta eso, pero no quiere decir que nos olvidamos de la situación de los ecuatorianos que no están este rato regularizados y que están en proceso de regularización”, afirmó a EFE.
Sommerfeld explicó que los ecuatorianos deberán continuar sus procesos de regularización desde su propio país y no dentro de Estados Unidos. Añadió que la relación bilateral sigue siendo positiva y permite ofrecer apoyo consular a quienes lo necesiten.
La canciller también destacó que las deportaciones de ecuatorianos han disminuido de forma notable desde 2023 y recordó que las remesas enviadas este año se estiman en alrededor de 6 mil quinientos millones de dólares, una cifra clave para muchas familias.
