Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) someterán a discusión el proyecto de ley «Transparencia y el Acceso a la Información Pública».

Con esta norma, se busca regular la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, según trascendió, dicha regulación pretende establecer las obligaciones que deben cumplir sus responsables.

Ahora bien, el anteproyecto reconoce que todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna. Aspecto que también establece la Constitución, y además, el acceso a la información que se genere en los órganos del Estado y entidades.

Sin embargo, también señala la norma que “se requiere instrumentar los mecanismos que garanticen el acceso de la ciudadanía a la información de la Administración Pública. Así como la protección de la información que ponga en riesgo la defensa y seguridad nacional e integridad de las personas».

Por tanto, de esta manera, el artículo 21 del anteproyecto menciona las excepciones al acceso a la información pública.

¿Cuáles serían estas excepciones?

En tal sentido, se consideran como excepciones «la información clasificada o limitada». Aquí también se incluyen aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyan un daño, peligro, afectación o violación para:

1. a) La soberanía, defensa y la seguridad nacional.
2. b) los datos personales.
3. c) un procedimiento judicial o administrativo en trámites.
4. d) los derechos de propiedad intelectual.
5. e) la confidencialidad de datos comerciales.
6. f) el medio ambiente.

Entre tanto, señala el artículo 22.1 que los sujetos obligados practican una prueba de daño. Por tanto, solo cuando la divulgación de la información solicitada represente riesgos reales a intereses protegidos, se establecerá la limitación al acceso a esa información.

Entonces, la prueba del daño consiste en realizar una demostración mediante un examen de ventajas y riesgos. ¿Qué se demuestra? La ponderación realizada entre el daño de divulgar la información y su repercusión en derechos y principios, contra el beneficio que supone divulgar dicha información

Mientras, señala el anteproyecto que será el Citma el organismo que cumplirá con algunas de las funciones de los órganos garantes respecto a la normativa.

Estamos hablando de un organismo de la administración central del Estado que posee la potestad de controlar a los sujetos obligados a ofrecer información pública. Sin embargo, todavía no se han definido con claridad cuáles serían las facultades concretas que pudiera llegar a tener.