El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un ajuste en la definición de “funcionarios prohibidos del Gobierno de Cuba”, como parte de la política de endurecimiento impulsada por el presidente Donald Trump este lunes.

Esta medida tiene implicaciones significativas, ya que amplía considerablemente la lista de personas que no podrán realizar transacciones financieras, directas o indirectas, bajo jurisdicción estadounidense. Además de su negativa de entrada a Estados Unidos, incluso por visados de reunificación.

Según el nuevo lineamiento, se considerarán funcionarios prohibidos todos los ministros, viceministros, miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, así como los empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de cualquier asamblea provincial. Esto abarca a gran parte de la estructura política y legislativa del país.

También están incluidos los jefes de sector local de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), así como directores generales, subdirectores generales y superiores de todos los ministerios y organismos estatales cubanos.

Además, se sancionan explícitamente a los empleados del Ministerio del Interior (MININT) y del Ministerio de Defensa (MINFAR), dos pilares clave del aparato de seguridad nacional cubano.

Lista de cubanos sancionados por Estados Unidos se amplía: ¿Quiénes más?

La medida alcanzaría igualmente a secretarios y primeros secretarios de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y de sus sindicatos componentes, lo que refleja un rechazo a la estructura sindical oficialista del país.

A esto se suman editores, subeditores y directores de medios de comunicación estatales, incluyendo periódicos, radio y televisión, lo que afecta directamente al aparato propagandístico del Estado.

Por último, también se consideran funcionarios prohibidos los miembros y empleados del Tribunal Supremo Nacional, lo que refuerza la crítica de Washington al sistema judicial cubano y su falta de «independencia»

Según el reporte, con este ajuste, Estados Unidos profundiza su estrategia de presión política y económica contra el gobierno cubano, excluyendo de cualquier vínculo comercial, financiero o diplomático a una vasta red de actores gubernamentales, como los directivos de medios de prensa estatales.