Durante el Estado de Alarma decretado en España por la crisis sanitaria se lanzó la campaña #regularizaciónYA que consiguió el apoyo de alrededor 1.500 organizaciones y entidades.

En este periodo, según Europa Press, varios grupos parlamentarios como ERC o Podemos, han hecho su solicitud al Gobierno de España, pero se conoce que el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha argumentado ante el Pleno del Senado, que el marco europeo no permite regularizaciones generales.

Recientemente se presentó una Proposición no de Ley relativa a la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español.

La iniciativa está firmada por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y el BNG, además de la CUP y JxCat.

En la exposición de los motivos que llevaron a presentar la iniciativa, los firmantes exponen: “La política migratoria actual restringe y condiciona la posibilidad de una vida y trabajo digno, y cuando lo permite, las personas migrantes trabajadoras están expuestas a mayores índices de desempleo e inestabilidad laboral, como también a una gran brecha salarial, al trabajar dentro de sectores de trabajo precarizados, generizados y racializados, en muchas ocasiones, en condiciones de explotación”.

Desde el Congreso de los Diputados instan al gobierno español, entre otras cosas, a:

• establecer un proceso de regularización de carácter permanente para todas las personas que en la actualidad residen en el Estado español de manera irregular, proveyendo el otorgamiento de una autorización de residencia y trabajo inicial con criterios especiales y simplificados para su renovación.
• seguir concediendo el permiso de residencia y trabajo a toda persona que lo solicite, una vez resueltos todos los expedientes en tramitación y hasta la modificación integral de la Ley y el Reglamento de Extranjería.
• asegurar el acceso a la presentación de solicitud de protección internacional de forma ágil mediante declaración y sin requerimiento de documento de identidad.

Puede descargar el informe completo AQUÍ

¿Qué ha dicho el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al respecto?

Según cita Público, Escrivá ha manifestado compartir “la preocupación por la irregularidad», pero ha insistido en las diferencias que tiene España con respecto a los procesos de regularización emprendidos por Portugal e Italia. En palabras del ministro, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008 «no permite regularizaciones generalizadas, y en Europa, nadie lo ha hecho. No puede romperse este pacto».

Sin embargo, Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR, refiere Público, explicó que lo que busca Escrivá es tranquilizar a algunos Estados miembro de la UE, puesto que los países «son soberanos» en cuanto a sus reglamentos de Extranjería.

«Hay marco legal para una regularización amplia en nuestro reglamento», insiste esta abogada, mientras se refirió a los precedentes de las regularizaciones de Zapatero en 2005 —más de medio millón de personas— y durante el mandato de Aznar —más de 450.000—, de acuerdo a la publicación.

Un reporte publicado en El Confidencial se hace eco del informe presentado por los investigadores Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III de Madrid) y Gonzalo Fanjul (Fundación PorCausa) sobre la inmigración irregular en España en el periodo 2002-2019 basado en el estudio de permisos de residencia, padrón municipal, encuesta de población activa y tarjetas sanitarias.

El informe arrojó que a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 personas sin papeles en España, siendo mayor el número de mujeres que hombres: el 55 por ciento.

Casi cuatro de cada cinco inmigrantes irregulares (77%) proceden de América Central y del Sur, y tres países se llevan un 60% del total: Colombia, Venezuela y Honduras.