La semana pasada el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la que considera “la legislación más severa de todo Estados Unidos contra la inmigración ilegal”. Expertos opinan que afectará por igual a ciudadanos y residentes permanentes.

En declaraciones a Univisión, la abogada de inmigración, Elina Santana, asegura que la normativa puede perjudicar también a residentes y nacionales estadounidenses que vivan en Florida y se relacionen con migrantes ilegales.

El proyecto de ley SB 1718 aumenta las penas por contrabando de personas, incluyendo el transporte a sabiendas de cinco o más extranjeros ilegales o un solo menor extranjero ilegal. Se considerará un delito grave de segundo grado y estarán sujetos a multas de 10 mil dólares o hasta 15 años de prisión.

En este sentido, la abogada señaló: “cualquier persona que transporte a alguien en su vehículo, por ejemplo, si tienes un familiar que esta fuera del estado y eres ciudadano de Estados Unidos y transportas a esta persona al supermercado para hacer compras, eso se tipificará como un delito grave en el estado de Florida”. 

“A los conductores de Uber, taxistas, ¿se les preguntará por el estado de sus pasajeros? Realmente, no lo sabemos, pero este es un gran cambio radical, y no solo afecta a los inmigrantes que se mueven por el estado, sino que también afecta gravemente a los ciudadanos y residentes permanentes que son familiares o amigos”, agregó. 

LEY ANTINMIGRANTE EN FLORIDA

Santana recordó que también se aumentarán las sanciones contra los empleados que contraten a inmigrantes indocumentados. 

“Los estimados indican que aproximadamente el 40 % de la fuerza laboral agrícola está ilegalmente presente o no tiene estatus para trabajar”, manifestó. Para la experta, ello puede traducirse “en un gran colapso económico” pues se perjudicará “el mercado agrícola, de bienes raíces y la construcción”. 

¿Qué dice la ley al respecto? “Se exige a los empleadores que utilicen E-Verify para comprobar la elegibilidad de empleo de los trabajadores y establece multas a los empresarios que no utilicen E-Verify de 1000 dólares al día”.

Uno de los elementos más graves de la legislación es que se obligará a los hospitales a preguntar por el estatus legal de los pacientes y tendrán que reportarlo al estado. 

“La ley exigirá además que cada hospital que acepte Medicaid incluya una pregunta en los formularios de admisión o registro en la que se consulte si el paciente es ciudadano estadounidense o no está legalmente en EE. UU.”, refiere el texto.

Asimismo, los hospitales deberán presentar un informe trimestral a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud en el que se detalle el número de pacientes que visitaron el servicio de urgencias o fueron admitidos en el hospital, de acuerdo al estatus migratorio que marcaron en el formulario de admisión.