Ciudadanos de origen cubano fueron arrestados en Estados Unidos tras descubrirse que formaban parte de una red criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama.

Utilizaban tecnología para burlar los sistemas de seguridad, modificaban la identidad de los autos y los exportaban ilegalmente a México, según detalló la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

Equipos electrónicos, placas falsas y cruces fronterizos

Los implicados son Sadiel Noa-Aguila, de 42 años, residente en Pharr (Texas), y Miguel Báez-Echevarría, de 36, con domicilio en Las Vegas (Nevada). Ambos enfrentan cargos federales por exportación ilegal de vehículos robados. Báez, además, ha sido acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que podría costarle hasta 20 años de cárcel.

La red en la que operaban se extendía por al menos siete ciudades: Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City, Denver, Fort Lauderdale, Houston y Dallas-Fort Worth. Según la investigación, utilizaban dispositivos electrónicos para desbloquear los sistemas de seguridad de autos modernos y reprogramar las llaves. Así, podían encenderlos y llevárselos sin romper nada.

Autos robados cruzaban a México por El Paso o Hidalgo

Tras el robo, colocaban placas falsas o alteraban los números VIN para dificultar su rastreo. Muchos de los vehículos eran luego enviados a México a través de cruces fronterizos en Texas, como los de Hidalgo y El Paso.

Uno de los casos más evidentes involucra a Noa-Aguila. Quien presuntamente intentó exportar una camioneta GMC Sierra AT4 de 2022 robada en Denver solo un mes antes. En tanto, Báez estaría relacionado con el robo de al menos 15 vehículos más, lo que eleva el valor total del fraude a varios millones de dólares.

Parte de una operación federal contra redes delictivas

Este operativo forma parte de la llamada operación “Recuperemos América”, impulsada por el Departamento de Justicia para combatir redes delictivas transnacionales. Participan agencias como el FBI, ICE, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y cuerpos policiales locales.

Ambos acusados comparecerán ante tribunales federales, uno en McAllen (Texas) y el otro en Las Vegas (Nevada). Las autoridades recordaron que se trata de una acusación y no de una condena; los implicados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

Temores por el impacto en la comunidad migrante

El caso ha generado preocupación entre activistas por los derechos civiles. Aunque se trata de acciones individuales, el uso de frases como “invasión de inmigración ilegal” en documentos judiciales ha encendido las alarmas sobre cómo estos delitos pueden ser usados para justificar políticas más duras contra los migrantes.