Casi cualquier persona puede ser deportada según las actuales políticas migratorias. Basta que te encuentren «una mancha en tu expediente».
La familia de Jesús López Rodríguez está bajo una tensión que no imaginó vivir. Su madre, ya mayor, teme que lo envíen a un país al que no regresa desde hace más de dos décadas.
El proceso que enfrenta avanza rápido y la orden de deportación ya está sobre la mesa, mientras su salud empeora en un centro de detención donde permanece desde junio.
Un cubano con dos décadas de vida en Estados Unidos
Jesús López Rodríguez, de 61 años, llegó legalmente a Estados Unidos en 2004 tras ser seleccionado en la lotería de visas cubana. Se estableció en Flint, Michigan, donde trabajó, abrió un pequeño negocio de comida y participó en actividades locales.
Vecinos lo recuerdan por sus pizzas cubanas en eventos juveniles y por su cercanía con la comunidad. Un residente de Flint relató que su hijo, tímido para comer, solo aceptaba probar la pizza preparada por Jesús, a quien terminó llamando “Jesús el de las pizzas”.
Durante años, dicen quienes lo conocen, fue un rostro habitual en actividades de servicio, ferias culturales y espacios de voluntariado.
Seis meses detenido y denuncias por trato inhumano
El pasado 2 de junio agentes de inmigración lo detuvieron mientras se dirigía al trabajo. Desde entonces permanece en el Centro Correccional del Condado de Calhoun, en Battle Creek.
Su familia y la coalición Flint Alliance for Immigrant Rights (FAIR) describen una situación crítica. Señalan que Jesús sufre una afección de próstata que le impide orinar durante días, infecciones en el cuero cabelludo sin tratamiento y problemas de visión porque no le entregan lentes para leer documentos legales.
Un allegado declaró a MLive que, en ocasiones, Jesús despierta y encuentra la pared manchada de sangre debido a las infecciones. Aseguran que, en vez de recibir atención médica, lo enviaron a aislamiento.
También denuncian alimentos de baja calidad, escasa higiene y negligencia médica. “Nadie debería ser sometido a este nivel de abuso. Necesitamos actuar para traer a Jesús a casa”, dijo Lucine Jarrah, integrante de FAIR.
Una orden de deportación y una apelación que corre contra el tiempo
El 2 de diciembre un juez ordenó su deportación a Cuba. La familia dispone de treinta días para apelar, aunque temen que ICE ejecute la expulsión antes de que el caso avance. Aseguran que regresar a Cuba después de más de veinte años, en medio de la situación actual del país, representa un riesgo adicional.
Amigos y miembros de organizaciones locales insisten en que Jesús no es una amenaza. Cumplió hace más de diez años una condena por un delito no violento relacionado con marihuana y desde entonces mantuvo un historial limpio, trabajando y participando en actividades comunitarias.
Asa Zuccaro, director del Latinx Community and Technology Center, señaló: “Nuestra comunidad no puede permanecer en silencio mientras un residente permanente legal es separado de su familia”.
FAIR inició una recaudación de fondos y promueve una carta estatal para pedir su liberación inmediata, atención médica adecuada y una investigación por las condiciones denunciadas.
El periodista Patrick Hayes afirmó que casos como este muestran una política federal que “traumatiza a comunidades enteras sin mejorar la seguridad de nadie” y calificó la situación como “indefendible desde cualquier perspectiva moral o humana”.