Desde este miércoles, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzará a aplicar con más rigor las reglas que permiten negar la residencia permanente (green card) a inmigrantes que puedan ser considerados una “carga pública” para el país.

Esta medida refuerza las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que ha ordenado endurecer los requisitos para la inmigración legal, especialmente para quienes tengan bajos recursos o dependan de asistencia pública.

¿Qué significa ser una “carga pública”?

Según USCIS, un inmigrante puede ser rechazado si se determina que tiene probabilidades de depender del gobierno para subsistir en algún momento de su vida. En otras palabras, quienes soliciten una green card o una visa deberán demostrar solvencia económica y estabilidad financiera para no ser considerados una posible carga para el Estado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que los funcionarios de inmigración deben evaluar:

• Edad y salud del solicitante
• Situación familiar y financiera
• Bienes y recursos disponibles
• Nivel educativo y habilidades laborales

El DHS ya había publicado una regla similar en 2019, durante la primera presidencia de Trump, lo que llevó a que muchas familias inmigrantes evitaran solicitar beneficios públicos por miedo a que esto afectara su estatus migratorio.

¿Qué beneficios podrían afectar la solicitud de residencia?

USCIS aclara que algunos programas de ayuda no serán considerados para determinar la inadmisibilidad por carga pública. No se tendrán en cuenta beneficios como:

• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
• Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP).
• Medicaid (excepto en casos de uso prolongado de servicios institucionales).
• Beneficios de vivienda.
• Ayudas relacionadas con vacunación o tratamiento de enfermedades transmisibles.

Sin embargo, se tomará en cuenta el uso de otros tipos de asistencia pública y la falta de recursos económicos.

¿Por qué se endurecen las reglas ahora?

Este cambio en la política migratoria responde a la reciente orden ejecutiva de Trump titulada «Restablecer la confianza en nuestros sistemas de inmigración legal y reforzar los esfuerzos de integración e inclusión de los nuevos estadounidenses».

El objetivo del gobierno es restringir el acceso a la residencia permanente para quienes no puedan demostrar estabilidad financiera, al mismo tiempo que explora la creación de un nuevo permiso de residencia para inmigrantes adinerados, conocido como “tarjeta dorada”, que costaría $5 millones.

¿Qué impacto tendrá en los inmigrantes?

La medida ha generado preocupación entre la comunidad inmigrante, ya que podría afectar a miles de personas que buscan regularizar su estatus.

Algunos expertos señalan que esta política aumentará la incertidumbre y hará que más inmigrantes eviten solicitar beneficios públicos, incluso aquellos a los que tienen derecho. Otros advierten que el endurecimiento de requisitos podría reducir la cantidad de personas elegibles para obtener la green card, afectando principalmente a trabajadores de bajos ingresos.

¿Qué hacer si se está en proceso de ajuste de estatus?

Los inmigrantes que estén solicitando la residencia deben:

1. Revisar su situación financiera y, si es posible, presentar pruebas de ingresos estables o apoyo económico de un patrocinador.
2. Consultar con un abogado de inmigración para evaluar cómo esta nueva política podría afectar su caso.
3. Evitar errores en su solicitud y asegurarse de cumplir con todos los requisitos antes de enviarla.

El futuro de muchos inmigrantes dependerá de cómo se implementen estas nuevas reglas en los próximos meses y de si las cortes llegan a desafiar alguna de sus disposiciones.