El plazo de 10 días para refugiados que deban responder a una posible cancelación de su estatus ya rige en Estados Unidos, pero no alcanza a todos los migrantes cubanos y venezolanos de Florida.
La regla federal entró en vigor el 14 de octubre de 2026. Redujo de 30 a 10 días el tiempo para responder a una notificación de intención de cancelar el estatus de refugiado.
¿Quiénes reciben el nuevo plazo?
El cambio afecta a personas admitidas formalmente como refugiadas en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) puede enviarles la notificación si determina que no reunían los requisitos al momento de su admisión.
El plazo de 10 días para refugiados permite presentar pruebas en respuesta a esa notificación o solicitar una entrevista. Según la regla, no es necesario entregar una respuesta completa dentro de esos diez días si se solicita la entrevista a tiempo.
Cuando USCIS envía el aviso por correo, se añaden tres días al plazo. Se cuentan también los fines de semana y feriados federales; si el último día cae en uno de ellos, el vencimiento pasa al siguiente día hábil.
La diferencia entre ser refugiado y tener parole
La vía de entrada, no la nacionalidad, determina si la regla se aplica. Por eso, un cubano o venezolano admitido formalmente como refugiado puede recibir la notificación, mientras que una persona con parole humanitario no queda sujeta a este procedimiento por tener parole.
El nuevo plazo tampoco cambia por sí mismo los procedimientos del asilo, el formulario I-220A, la residencia permanente o la ciudadanía. Para quienes reciban la notificación, la distinción es urgente: dejar pasar el plazo sin responder puede llevar a la cancelación del estatus de refugiado.
¿Qué ocurre si se cancela el estatus?
La cancelación puede dar paso a un procedimiento de expulsión y termina la autorización de empleo vinculada al estatus de refugiado. La regla no establece una apelación ante USCIS contra esa cancelación, aunque la persona puede solicitar otras protecciones disponibles durante el procedimiento de expulsión.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el cambio busca acelerar las decisiones en casos de admisión indebida. Las organizaciones de apoyo a refugiados cuestionan que diez días basten para conseguir asistencia legal y reunir documentos.
