Los documentos filtrados durante las últimas horas confirman un viraje contundente en la política migratoria de Estados Unidos. Varias fuentes en Washington coinciden en que la administración Trump ultima una norma que complicaría la aprobación de residencias, asilos, libertades condicionales y otros estatus esenciales para miles de inmigrantes.
Y aunque el borrador aclara que no se aplicaría directamente a las solicitudes de ciudadanía, el efecto en cadena sería evidente. Es decir, si se reducen las aprobaciones de residencia permanente, también disminuiría el número de personas que, con el tiempo, pueden acceder a la ciudadanía estadounidense.
La propuesta aún no ha sido presentada oficialmente. Sin embargo, ya genera alarma en organizaciones migratorias y entre comunidades enteras de países incluidos en la prohibición de viaje decretada por Trump meses atrás.
Un nuevo criterio que pesaría en contra de ciertos migrantes
El New York Times reveló que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos prevé usar “factores negativos significativos” para evaluar solicitudes de personas procedentes de los países sujetos al veto migratorio. La lista incluye a Afganistán, Somalia, Sudán, Yemen, Irán, Haití, Libia, Eritrea, Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial y Myanmar, así como restricciones parciales para Cuba, Venezuela, Laos, Sierra Leona, Burundi, Togo y Turkmenistán.
Este cambio se aplicaría a todas las solicitudes que requieren análisis discrecional. En esos casos, un oficial debe valorar elementos positivos y negativos antes de tomar una decisión final. Además, el nuevo enfoque incorporaría el país de origen como un factor que, por sí solo, podría inclinar la balanza hacia la denegación.
La regla no afectaría a quienes solicitan ciudadanía de manera directa. Sin embargo, al endurecer la obtención de residencia permanente y asilo, “evidentemente también limitaría el acceso a las ciudadanías americanas de aspirantes emigrantes”, según expertos consultados por varios medios estadounidenses.
Preocupación entre especialistas y antiguos funcionarios de USCIS
Exfuncionarios de la agencia consideran que el cambio rompe con la práctica habitual. Señalan que siempre existieron documentos difíciles de verificar. Sin embargo, nunca se habían convertido en un motivo formal de rechazo. Temen que la medida actúe como una prohibición encubierta para nacionales de ciertos países. Esto se aplicaría incluso si llevan años viviendo legalmente en el país y ya superaron revisiones de seguridad.
Doug Rand, antiguo alto cargo de USCIS, calificó la propuesta como un “cambio radical” por basarse en el país de nacimiento y no en el análisis individual de cada caso. Otros analistas anticipan demandas por discriminación, especialmente porque la norma afectaría a personas que ya están dentro de Estados Unidos, un terreno legal distinto al de las prohibiciones de entrada en frontera.
Efectos inmediatos: menos aprobaciones y más incertidumbre
La administración Trump también reduce el número de refugiados admitidos, incrementa verificaciones de redes sociales y amplía controles sobre actividades catalogadas como “antiamericanas”. En conjunto, estas acciones restringen aún más las vías de protección humanitaria.
Los borradores obtenidos por la prensa indican que los “factores negativos” se aplicarían también a solicitudes de asilo y parole. Esto complicaría procesos que hasta ahora dependían de valoraciones caso por caso. Abogados migratorios prevén un aumento marcado de denegaciones y un impacto directo sobre comunidades ya vulnerables.
Por el momento, el plan sigue en revisión. Sin embargo, si se aprueba en los términos actuales, representaría uno de los movimientos más restrictivos en materia migratoria en años recientes, con repercusiones que alcanzarían desde quienes buscan la residencia hasta quienes algún día aspiraban a la ciudadanía estadounidense.
