La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves, por un estrecho margen de 215 votos contra 214, la llamada “gran y hermosa ley” del presidente Donald Trump, un ambicioso y controvertido paquete fiscal que contempla recortes masivos a programas sociales como Medicaid y cupones de alimentos (SNAP), al tiempo que otorga recortes impositivos significativos a los sectores más acomodados.

El proyecto, de más de 1.000 páginas, será ahora enviado al Senado, donde aún podrían producirse modificaciones, aunque el liderazgo republicano presiona para una rápida aprobación antes del verano.

Dólares para los más ricos, recortes para los más pobres

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el paquete legislativo generará más de 3 billones de dólares de déficit en los próximos 10 años. Y su impacto social será inmediato: el 10% más pobre de la población verá una reducción del 4% en sus recursos familiares, mientras que el 10% más rico experimentará un aumento del 2%.

Entre los sectores más golpeados se encuentran los beneficiarios de Medicaid, SNAP (cupones de alimentos), becas Pell y créditos fiscales para la salud y la energía limpia. A la vez, el plan incluye un aumento histórico del gasto en defensa y seguridad fronteriza, y un techo de endeudamiento elevado en 4 billones de dólares.

Cambios directos en ayudas sociales

El texto aprobado establece requisitos laborales más estrictos para acceder a Medicaid y elimina anticipadamente subsidios claves del sistema de salud conocido como Obamacare. También restringe el acceso a los cupones de alimentos para ciertos inmigrantes con estatus legal, como solicitantes de asilo y beneficiarios del parole humanitario.

Además, el programa SNAP dejará fuera a muchos padres y adultos sin dependientes si no pueden demostrar empleo hasta los 64 años, y limita a 7 años la edad del menor para que un padre pueda estar exento del requisito laboral.

Trump celebra, pero la oposición crece

Donald Trump calificó el paquete como “posiblemente la legislación más importante jamás firmada” y pidió al Senado una aprobación rápida. Sin embargo, figuras como el expresidente Barack Obama han levantado la voz contra el plan, advirtiendo que millones de personas podrían perder su acceso a tratamientos médicos esenciales, alimentación básica y asistencia pública fundamental.

“Quieren recortar fondos para Medicaid, eliminar créditos fiscales que ayudan a las familias a pagar su seguro médico y aumentar los costos para la clase trabajadora”, escribió Obama.

¿Qué viene ahora?

El Senado, también bajo control republicano pero con una mayoría más estrecha, deberá revisar el texto. Se espera que senadores moderados intenten suavizar algunos de los recortes más agresivos, pero la presión del ala dura del partido y del propio Trump podría limitar los cambios.

Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones sustanciales, millones de familias trabajadoras, migrantes en situación regular, adultos mayores y personas con discapacidad podrían perder ayudas esenciales.

¿A quiénes afecta más esta ley?

• Beneficiarios de Medicaid: se endurecen los requisitos laborales, adelantando su entrada en vigor a 2026

• Personas que reciben cupones de alimentos (SNAP): se reducen los criterios de elegibilidad y se exige más trabajo

• Inmigrantes con parole o asilo: quedarían excluidos de beneficios sociales clave

• Estudiantes de bajos ingresos: se reducen las asignaciones para becas Pell

• Familias trabajadoras: perderían créditos fiscales para salud y energía

• Quienes envían remesas: se aplicaría un impuesto del 5% sobre remesas al extranjero, afectando especialmente a migrantes que ayudan a sus familiares fuera del país

Mientras tanto, las grandes corporaciones y los contribuyentes de mayores ingresos disfrutarán de amplias deducciones fiscales, incluyendo una nueva deducción SALT que beneficia a quienes ganan hasta $500.000 al año.

Llamado a la acción

Organizaciones civiles, sindicatos, defensores de inmigrantes y líderes demócratas instan a la ciudadanía a contactar a sus senadores para exigir que se frene el avance de una ley que, de convertirse en realidad, profundizaría las desigualdades económicas y dejaría a millones sin red de protección social.