Ferias agropecuarias en Cuba: entre la ineficiencia, los precios violados y la desconfianza ciudadana en las medidas. Las ferias agropecuarias en Cuba, que deberían funcionar como un canal esencial para la distribución justa y directa de alimentos, siguen siendo motivo de inconformidad tanto para los consumidores como para las propias autoridades.
A pesar de los discursos oficiales sobre los “niveles superiores” de producción y variedad de productos, la realidad en los puntos de venta muestra una historia distinta: desabastecimiento, violaciones de precios y presencia de revendedores que distorsionan el mercado.
Como se ha reconocido públicamente y de manera oficial, muchas de las formas productivas planificadas no concurren a las ferias, lo que afecta la disponibilidad de viandas y otros alimentos básicos.
Tampoco se cumplen los volúmenes físicos de productos agrícolas previstos, lo que genera una percepción generalizada de ineficiencia y descontrol.
Los funcionarios locales han admitido que persisten violaciones en los precios aprobados centralmente, una práctica que agrava la situación económica de las familias.
Además, el impacto de las ventas digitales, que deberían contribuir a la transparencia y accesibilidad, sigue siendo prácticamente nulo. La falta de control sobre los canales de comercialización permite que buena parte de los productos acaben en manos de revendedores, elevando artificialmente los precios en los mercados informales.
Aunque se anuncian medidas para “eliminar las distorsiones”, la realidad es que las ferias agropecuarias se han convertido en un reflejo de los problemas estructurales del sistema agrícola cubano: baja productividad, escaso control estatal y desconfianza ciudadana.
En Matanzas, incluso se han detectado desvíos de alimentos hacia otras provincias, una muestra más de la fragilidad de la cadena de distribución.
Mientras se promete optimizar la red de mercados y reabrir puntos de venta como El Bosque, en Matanzas, el ciudadano promedio sigue enfrentando las mismas dificultades: precios altos, poca oferta y una gestión que no responde a las necesidades reales del país.