Las autoridades estadounidenses avanzan en un paquete de medidas que afecta tanto a quienes envían dinero al extranjero como a quienes reciben créditos fiscales.
Los cambios se alinean con nuevas directrices anunciadas desde la Casa Blanca en un momento de fuerte tensión migratoria.
Medidas fiscales enfocadas en migrantes indocumentados
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el Gobierno reducirá el acceso a beneficios fiscales para personas sin estatus legal en el país.
La orden surge tras nuevas disposiciones del presidente Donald Trump, quien insiste en frenar la inmigración desde países catalogados por él como “del tercer mundo”.
Bessent escribió en X que, “bajo la orden del presidente de Estados Unidos, estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos”.
La decisión excluirá a indocumentados y a “otros extranjeros que no califiquen” de partes reembolsables de programas como el crédito por ingreso del trabajo y el crédito adicional por hijos, entre otros.
En una publicación previa, el presidente Trump aseguró que un migrante con tarjeta de residencia que gana 30 mil dólares al año recibe “aproximadamente” 50 mil dólares en beneficios destinados a su familia.
At @POTUS @realDonaldTrump‘s direction, we are working to cut off federal benefits to illegal aliens and preserve them for U.S. citizens.@USTreasury announced that it will issue proposed regulations clarifying that the refunded portions of certain individual income tax benefits… https://t.co/pn2MXoxDHC
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 28, 2025
Remesas bajo mayor escrutinio federal
El Tesoro también respaldó una alerta emitida por la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, sobre las transferencias internacionales que salen del país.
En 2024, estos envíos superaron los 72 mil millones de dólares, según cifras oficiales.
La advertencia subraya que la mayoría de las remesas desde Estados Unidos son legítimas. Sin embargo, señala que pequeñas transferencias pueden utilizarse para actividades ilícitas o financiamiento de grupos extremistas.
La alerta pide a las empresas de envío de dinero mayor vigilancia y notificación inmediata de operaciones sospechosas. Recordó, además, que están obligadas a reportar movimientos que involucren al menos 2 mil dólares.
Bessent respaldó la medida al afirmar que “si estás aquí ilegalmente, no hay lugar para ti en nuestro sistema financiero”, y calificó como explotación el uso de instituciones financieras estadounidenses para mover fondos “obtenidos ilícitamente”.
Contexto marcado por un ataque en Washington
Estas decisiones se producen pocos días después de un tiroteo en Washington que dejó una agente de la Guardia Nacional fallecida y otro militar en estado crítico.
Las autoridades identificaron al atacante como un ciudadano afgano que llegó al país en 2021.
Tras el hecho, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció la suspensión temporal de todas las decisiones de asilo. Su director, Joseph B. Edlow, aseguró que las solicitudes no avanzarán hasta asegurar que cada persona sea inspeccionada “al máximo nivel posible”.
El Gobierno también endureció el trato hacia ciudadanos de Afganistán y de otras naciones previamente incluidas en restricciones migratorias y de viaje.
Las nuevas revisiones alcanzan incluso procesos relacionados con tarjetas de residencia y solicitudes pendientes.