Un tribunal federal bloqueó este sábado la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al estatus legal de miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de reunificación familiar. La medida afecta a más de 8 mil 400 personas procedentes de siete países de América Latina.
La orden judicial detiene, al menos por ahora, una de las acciones más recientes dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la actual administración.
Una orden que paraliza la decisión del Departamento de Seguridad Nacional
La jueza federal Indira Talwani, con sede en Boston, emitió una medida cautelar preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional cancelar el parole humanitario concedido a familiares de ciudadanos y residentes permanentes legales.
El fallo protege a migrantes procedentes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. Todos ingresaron al país a través de programas de reunificación familiar vigentes desde la administración de Joe Biden.
Estos programas permitían que ciudadanos estadounidenses o titulares de la residencia permanente patrocinaran a familiares cercanos. De ese modo, podían vivir legalmente en Estados Unidos mientras esperaban la disponibilidad de sus visas de inmigrante.
El argumento del Gobierno y la respuesta del tribunal
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 12 de diciembre su decisión de poner fin a estos programas. Según la agencia, eran incompatibles con las prioridades migratorias del presidente Trump y habrían sido utilizados para permitir la entrada de personas “mal evaluadas”.
La terminación estaba prevista para el 14 de enero. Sin embargo, la jueza ya había emitido una orden temporal de 14 días mientras analizaba el fondo del caso. La nueva decisión amplía el bloqueo de forma indefinida mientras avanza el proceso judicial.
Talwani señaló que el Gobierno no presentó pruebas que respaldaran las acusaciones de fraude. Tampoco evaluó el impacto real que tendría la cancelación del parole en las personas afectadas.
El impacto humano en la decisión judicial
En su resolución, la jueza subrayó que muchas de estas personas vendieron propiedades, dejaron empleos y reorganizaron su vida para trasladarse a Estados Unidos de manera legal.
El fallo destaca que el Departamento de Seguridad Nacional no explicó cómo podrían regresar de forma viable a sus países de origen tras meses o años de permanencia en territorio estadounidense.
“La secretaria no pudo ofrecer una explicación razonada del cambio de política sin reconocer estos intereses”, escribió Talwani en su dictamen. Añadió que esa omisión convierte la decisión administrativa en arbitraria y carente de fundamento.
Un contexto de mayor presión migratoria
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno ha incrementado de forma notable los recursos destinados al control migratorio. El presupuesto aprobado para agencias de inmigración hasta septiembre de 2029 asciende a 170 mil millones de dólares.
La demanda fue presentada como una acción colectiva por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Estas cuestionan el desmantelamiento general de los programas de parole temporal.
En este mismo litigio, la jueza Talwani había bloqueado anteriormente la retirada del parole a unos 430 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. No obstante, esa decisión fue posteriormente levantada por la Corte Suprema y anulada por un tribunal de apelaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios tras el fallo de este sábado según Reuters.