Cuba autoriza la creación de asilos privados para ancianos y discapacitados: lo que cambia en la asistencia social en la isla. El Gobierno de Cuba autorizó oficialmente la creación de asilos privados y centros de cuidados para personas adultas mayores y ciudadanos en situación de discapacidad, como parte de una nueva política social dirigida a enfrentar el acelerado envejecimiento poblacional.
La medida fue aprobada mediante el Acuerdo 10249/2025 del Consejo de Ministros de Cuba y publicada el 26 de febrero de 2026 en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
El documento, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, permite que actores económicos no estatales ofrezcan servicios de cuidados como complemento al sistema estatal de asistencia social.
La normativa entrará en vigor 30 días después de su publicación y marca un cambio significativo en el modelo tradicional de atención social del país.
La nueva regulación establece tres modalidades de servicios: residencias de cuidados diurnos, residencias permanentes y centros mixtos que combinan ambas opciones. Estos espacios estarán destinados a personas adultas mayores o ciudadanos con discapacidad que requieran atención especializada, supervisión médica o apoyo en actividades básicas diarias.
Para abrir una residencia privada será obligatorio contar con la aprobación sanitaria del Ministerio de Salud Pública de Cuba, entidad encargada de certificar las condiciones médicas, higiénicas y estructurales, además de garantizar la capacitación del personal y la atención médica de los beneficiarios.
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la obligación de reservar al menos el 10 % de las capacidades para personas en situación de vulnerabilidad económica. En estos casos, las tarifas estarán reguladas por el Estado y podrán ser subsidiadas mediante el sistema de asistencia social.
Asilos privados en Cuba
La decisión responde al crecimiento sostenido del envejecimiento demográfico en el país. Datos oficiales indican que más del 25 % de la población cubana supera los 60 años, lo que incrementa la presión sobre hogares de ancianos y centros estatales que enfrentan limitaciones de recursos materiales y humanos.
Organizaciones independientes como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han señalado que los adultos mayores constituyen uno de los sectores más vulnerables dentro de la actual crisis económica, debido al bajo poder adquisitivo de las pensiones y al aumento del costo de vida.
Especialistas consideran que la apertura al sector privado busca ampliar la oferta de servicios de cuidados, aunque también podría generar diferencias en el acceso según los ingresos familiares.
En un escenario marcado por la migración de población joven y la reducción de cuidadores informales, el desarrollo de residencias privadas aparece como una alternativa para cubrir una necesidad social creciente.
Con esta medida, Cuba continúa incorporando actores no estatales en áreas sensibles del sistema social, en un intento por responder a los cambios demográficos y económicos que enfrenta el país.
