El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dio a conocer un dictamen que refuerza el tratamiento penal contra los delitos que afectan al Sistema Electroenergético Nacional.
La medida llega en medio de la crisis energética que golpea al país y del aumento de los hechos vinculados al robo y daño de recursos clave para la generación eléctrica.
El pronunciamiento deja claro que este tipo de acciones no se tratarán como simples robos o daños materiales. La justicia cubana los encuadra dentro del delito de sabotaje, una figura penal con sanciones muy severas.
El sistema eléctrico entra en la categoría de infraestructura crítica
Según la información oficial, el dictamen del Tribunal Supremo Popular reafirma que los hechos ilícitos contra instalaciones y recursos del sistema eléctrico afectan infraestructuras esenciales para el país. Por eso, esos actos se procesan bajo el delito de sabotaje, previsto en el Artículo 125 del Código Penal.
Esa figura castiga a quien destruya, altere, dañe o perjudique medios, recursos, edificaciones, sistemas o instalaciones destinadas a garantizar fuentes energéticas o la transmisión de energía. La norma contempla penas de siete a quince años de privación de libertad.
La posición oficial sostiene que estos hechos frenan el funcionamiento normal del servicio eléctrico y comprometen una actividad priorizada para el Estado, como es el programa energético nacional.
Las penas pueden llegar hasta 30 años, cadena perpetua o muerte
El marco penal se agrava cuando los hechos provocan consecuencias mayores. La ley prevé sanciones de diez a treinta años de cárcel, privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte en determinados supuestos.
Eso puede ocurrir si durante la acción se causan lesiones graves o la muerte de una persona. También si se emplean explosivos, fuego, agentes químicos o cualquier otro medio capaz de provocar daños severos.
La misma severidad aplica cuando se pone en riesgo la seguridad colectiva o cuando los bienes atacados forman parte de las reservas materiales del país. En ese escenario, el sistema judicial cubano eleva al máximo la respuesta penal.
El dictamen ya había sido aprobado desde 2025
El texto recuerda que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dictó el Dictamen número 475 el 23 de mayo de 2025. Esa disposición se emitió al amparo del Artículo 148 de la Constitución y de la Ley de los tribunales de justicia.
Con ese paso, el alto tribunal fijó una interpretación clara para los jueces sobre cómo deben tratar estos casos. La intención es unificar criterios y reforzar la idea de que dañar el sistema eléctrico afecta la seguridad y la estabilidad del Estado.
También pesan agravantes en estos procesos
La legislación penal cubana permite sumar agravantes según las circunstancias del hecho. Entre ellas aparecen actuar en grupo de tres o más personas, involucrar a menores de 18 años, aprovechar la noche o cometer el delito por lucro.
También puede pesar en contra del acusado haber actuado bajo los efectos del alcohol o drogas, si se demuestra que se colocó en esa situación para delinquir. Cada uno de esos elementos puede influir en la severidad de la condena.
Además, el Código Penal establece que en estos casos puede exigirse el cumplimiento de al menos dos tercios de la sanción antes de valorar un posible beneficio de libertad condicional.
Más de 10 años de prisión en todos los casos juzgados
El reporte oficial asegura que los tribunales han venido actuando con firmeza frente a estas conductas. Como muestra, señala que entre enero y diciembre de 2025, y durante el primer trimestre de 2026, todas las personas juzgadas por delitos de este tipo recibieron condenas superiores a diez años de privación de libertad.
Junto a esas penas, también se impusieron sanciones accesorias. Entre ellas figuran la prohibición de frecuentar determinados lugares, el comiso, la confiscación de bienes y la prohibición de salida del país, sujeta además al pago de la responsabilidad civil.
La publicación presenta este balance como una señal de endurecimiento judicial en medio de la crisis energética. El mensaje oficial es directo: cualquier acción contra recursos del sistema eléctrico será tratada como una amenaza grave para el país.
