Cambios en el pago de la electricidad en Cuba: ¿qué cambia a partir de este 1 de junio?

Cambios en el pago de la electricidad en Cuba: ¿qué cambia a partir de este 1 de junio?

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El sistema eléctrico cubano llega a junio bajo una presión que ya no depende solo de las termoeléctricas.

Los apagones, las averías repetidas y la falta de combustible han obligado a mover piezas dentro de un modelo que durante décadas mantuvo casi todo el control de la generación en manos del Estado.

La crisis ha ido empujando decisiones que hace algunos años parecían lejanas. El gobierno intenta abrir más espacio a quienes puedan producir electricidad por su cuenta, aunque sea de forma limitada, para aliviar una red que no logra cubrir la demanda nacional.

Desde este 1 de junio de 2026 entra en vigor una nueva tarifa para comprar excedentes de electricidad generados mediante fuentes renovables. La medida quedó establecida en la Resolución 114/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios.

En la práctica, el cambio beneficia sobre todo a quienes tienen paneles solares u otros sistemas capaces de entregar energía sobrante al Sistema Eléctrico Nacional.

¿Cuánto pagarán por la electricidad entregada al sistema?

La nueva tarifa fija un pago de 90 pesos cubanos por cada kilowatt/hora que sea entregado al Sistema Eléctrico Nacional.

El precio se aplicará tanto al sector residencial como al no residencial. También será válido sin importar el horario en que se inyecte la electricidad a la red.

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El aumento es significativo si se compara con las tarifas anteriores, que se movían entre 3 y 6 pesos por kilowatt/hora.

Para quienes ya tenían sistemas solares instalados, el cambio puede representar un incentivo mayor para formalizar contratos o aumentar la entrega de excedentes.

¿Quiénes pueden acogerse a la nueva tarifa?

La medida está dirigida a personas naturales, hogares, entidades estatales y formas de gestión no estatal que produzcan electricidad mediante fuentes renovables.

La Unión Eléctrica será la encargada de gestionar los contratos y registrar la energía que se compre cada mes.

Los contratos ya existentes deberán actualizarse automáticamente con la nueva tarifa desde la entrada en vigor de la resolución.

Quienes deseen incorporarse al sistema deben tramitar la solicitud con la empresa eléctrica correspondiente en su territorio.

Ingresos sin impuesto sobre los servicios

Otro punto relevante es que los ingresos obtenidos por vender estos excedentes estarán exonerados del impuesto sobre los servicios.

Esto significa que el dinero recibido por entregar electricidad renovable al sistema no tendrá ese gravamen.

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La decisión busca hacer más atractiva la inversión en generación propia, aunque los costos iniciales siguen siendo altos para una parte considerable de la población.

Comprar paneles solares, instalar baterías y adecuar el sistema eléctrico de una vivienda o negocio todavía exige recursos que no todos pueden asumir.

Una salida parcial ante los apagones

El cambio llega en medio de apagones prolongados en todas las provincias. Las termoeléctricas continúan acumulando averías, mientras la generación distribuida enfrenta limitaciones por falta de combustible.

En ese escenario, las fuentes renovables aparecen como una salida parcial. Pueden reducir consumo durante el día y aportar electricidad sobrante cuando existe capacidad instalada.

Sin embargo, la medida no resuelve por sí sola el déficit eléctrico. Cuba necesita inversiones mayores, mantenimiento profundo y más disponibilidad de combustible para estabilizar el sistema.

Las dudas que quedan abiertas

Aunque el pago de 90 pesos por kilowatt/hora mejora el incentivo, todavía quedan preguntas sobre su alcance real.

Muchos usuarios se preguntan si los pagos serán estables, si los trámites serán rápidos y si la red podrá recibir excedentes en todas las zonas.

También queda por ver cuántas familias o negocios estarán en condiciones de instalar equipos solares en medio de una economía marcada por altos precios y bajos ingresos.

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La nueva tarifa marca un cambio en la relación entre el Estado y los generadores particulares. El gobierno busca comprar energía a quienes puedan producirla, mientras el sistema nacional sigue sin garantizar un servicio estable para la población.


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