El Cuba Study Group pidió a Estados Unidos crear una excepción humanitaria que permita vender combustible para hospitales cubanos y otros centros médicos estatales.
La propuesta forma parte de una declaración de política publicada el 31 de agosto. El documento reclama acciones inmediatas de Washington y La Habana para facilitar la entrada y distribución de ayuda.
La organización considera que los apagones y la escasez de combustible, alimentos y medicinas han agravado las necesidades de las familias. También señala dificultades para iglesias, entidades humanitarias y negocios privados que intentan prestar asistencia.
Excepción para abastecer centros médicos
El grupo propone que importadores privados puedan vender combustible ligero destinado a generar electricidad en hospitales y centros de salud estatales.
Según su análisis, las autorizaciones enfocadas en actores independientes dejan fuera a buena parte del sistema sanitario. La mayoría de esas instalaciones pertenece al Estado cubano.
El combustible para hospitales cubanos permitiría sostener servicios esenciales durante los cortes eléctricos. También ayudaría a conservar medicamentos, garantizar la refrigeración de alimentos y mantener el bombeo de agua.
Otra recomendación plantea eximir de sanciones y medidas económicas secundarias las donaciones de combustible procedentes de terceros países. Esas operaciones tendrían salvaguardas para impedir el desvío o la reventa de los cargamentos.
Ricardo Herrero, director ejecutivo de la organización, sugirió permitir los envíos y sancionar después a quienes compren combustible humanitario revendido por las autoridades cubanas.
Licencia general para medicinas y equipos
La declaración también solicita cambios en las reglas aplicadas a donaciones de medicamentos y equipos médicos. La propuesta sustituiría las licencias específicas del Departamento de Comercio por una licencia general amplia.
Esa autorización abarcaría los pagos, la logística, la instalación y el mantenimiento de los equipos. El objetivo sería reducir trámites que retrasan operaciones humanitarias autorizadas.
El Cuba Study Group pidió además orientaciones claras del Departamento del Tesoro para los bancos estadounidenses. Las entidades necesitarían protecciones que les permitan procesar operaciones legales con emprendedores, iglesias y organizaciones de ayuda en Cuba.
La iniciativa busca establecer un canal bancario formal para el comercio autorizado. La incertidumbre regulatoria puede frenar transferencias incluso cuando las actividades cuentan con permisos.
Reclamos dirigidos al gobierno cubano
Las recomendaciones también incluyen medidas para La Habana. El grupo pide permitir que iglesias, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas administren fondos humanitarios en dólares.
Esos recursos deberían mantenerse sin conversión obligatoria a pesos cubanos. La propuesta busca preservar su capacidad de compra y facilitar los pagos vinculados a la asistencia.
La organización reclama además que el combustible humanitario pueda importarse y distribuirse sin pasar obligatoriamente por CUPET, la empresa petrolera estatal.
El documento atribuye al gobierno cubano gran responsabilidad por los problemas estructurales que aumentaron la vulnerabilidad del país. A la vez, cuestiona las restricciones estadounidenses que dificultan el suministro energético.
El Cuba Study Group sostiene que estas medidas pueden aprobarse mediante decisiones ejecutivas y regulatorias, sin necesidad de nueva legislación en Estados Unidos.
La declaración también considera insuficientes los más de 100 millones de dólares en ayuda comprometidos por el gobierno estadounidense frente a la magnitud de las necesidades existentes en Cuba.
