La revocación de ciudadanía de 40 naturalizados llegó a tribunales federales de Estados Unidos, con demandas que incluyen a un cubano y a una mujer acusada de usar una identidad cubana falsa.
Los casos vinculados con Cuba
Javier Marrero-Pando, originario de Cuba y residente en Georgia, figura entre los demandados. El Departamento de Justicia sostiene que ocultó una agresión sexual cometida antes de su entrevista de naturalización, celebrada en octubre de 2020.
Marrero-Pando se declaró culpable de ese delito en 2022. Según la demanda descrita por el Gobierno, durante la entrevista afirmó bajo juramento que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado.
Otra acción judicial involucra a Johyce Martinez, originaria de Venezuela. El Gobierno alega que entró en Estados Unidos con una inscripción de nacimiento cubana falsa, obtuvo la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano y conservó esa identidad al naturalizarse en 2013.
¿Qué abarcan las 40 demandas?
El Departamento de Justicia anunció los casos el 5 de octubre de 2026. Los presentó como el mayor número de demandas de desnaturalización interpuestas en un solo período durante la Administración Trump.
Los señalamientos varían según el expediente. Incluyen presuntas identidades falsas, antecedentes ocultos y delitos que, de acuerdo con las demandas, afectaban los requisitos para adquirir la ciudadanía.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos colaboró con la revisión de los casos. La cifra anunciada corresponde a acciones judiciales contra personas concretas, no a una cancelación general de ciudadanías.
La decisión corresponde a un juez
La ley permite solicitar la revocación de ciudadanía cuando alguien obtuvo la naturalización ilegalmente, ocultó un hecho relevante o hizo una declaración falsa de forma deliberada. El Gobierno debe demostrar ante un tribunal que esos motivos se cumplen en cada caso.
Presentar una demanda no retira automáticamente la ciudadanía ni determina que todas las acusaciones estén probadas. Los demandados pueden defenderse en el proceso judicial.
La desnaturalización tampoco equivale a una deportación: la primera cuestiona la validez de una ciudadanía adquirida; la segunda se refiere a la expulsión de una persona extranjera.
