Una jueza federal de Florida cerró la demanda de 143 cubanos contra USCIS que buscaban acelerar sus solicitudes de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Kathryn Kimball Mizelle concedió el 17 de octubre de 2026 la petición del Gobierno de desestimar el caso por falta de jurisdicción. El tribunal registró la sentencia el 20 de octubre y ordenó cancelar los plazos y las mociones pendientes.
Una respuesta en 30 días
El proceso comenzó el 4 de mayo de 2026 en Tampa. Tras varias modificaciones de la demanda, el grupo de demandantes llegó a 143 ciudadanos cubanos.
Los afectados alegaron retrasos irrazonables en sus formularios I-485, con los que solicitan la residencia permanente. También cuestionaron las demoras en determinados formularios I-765, utilizados para pedir autorización de empleo.
Según los demandantes, algunos expedientes llevaban más de tres años sin resolución. Sostenían que la espera prolongaba su incertidumbre migratoria y podía interrumpir sus permisos de trabajo.
Por eso solicitaron una orden que obligara al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a decidir sobre sus casos en 30 días. También pidieron frenar políticas administrativas que, según argumentaron, contribuían a los retrasos.
Los recursos anteriores tampoco prosperaron
El 3 de julio, la jueza rechazó la solicitud de una medida de emergencia. El 30 de julio denegó además una medida cautelar preliminar que los demandantes buscaban mientras avanzaba el litigio.
Al resolver esa segunda petición, la magistrada consideró que no habían demostrado suficientemente sus posibilidades de éxito ni un perjuicio irreparable. La decisión de octubre puso fin al procedimiento judicial.
En un escrito presentado el 13 de agosto, los demandantes sostuvieron que ninguna de las 143 solicitudes I-485 había recibido una decisión hasta entonces. Ese señalamiento corresponde a la situación que describieron en aquella fecha, no a una actualización de todos los expedientes.
El cierre del caso no decide las residencias
El tribunal desestimó la demanda «sin perjuicio» por falta de jurisdicción para examinar las reclamaciones planteadas. No decidió si los solicitantes cumplen los requisitos para obtener la residencia por Ley de Ajuste Cubano.
La sentencia tampoco equivale a una denegación de sus formularios I-485. Lo que termina es esta vía judicial para exigir que USCIS resuelva los trámites dentro del plazo solicitado.
Una eventual nueva acción tendría que afrontar los obstáculos jurídicos señalados por el tribunal y dependería de las circunstancias de quienes la presenten. Los expedientes migratorios individuales siguen separados de la demanda federal; una orden para acelerar su resolución, de obtenerse, tampoco garantizaría la aprobación de la residencia.
