Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra entidades cubanas que, según Washington, forman parte de redes económicas usadas para captar ingresos en la isla.
La medida apunta otra vez hacia empresas asociadas al entramado estatal y militar cubano, en un momento de fuerte tensión entre ambos gobiernos.
El anuncio fue realizado este martes 23 de junio por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien también incluyó en la medida a una integrante del entorno familiar de Raúl Castro.
Cinco entidades cubanas bajo nuevas sanciones
El Departamento de Estado informó que las sanciones alcanzan a 5 entidades cubanas. De ellas, 3 estarían asociadas al Grupo de Administración Empresarial S.A., conocido como GAESA.
Ese conglomerado ha sido señalado durante años por Washington como una pieza central dentro de la economía controlada por estructuras militares en Cuba.
Según el comunicado oficial, 2 de las entidades sancionadas están relacionadas con servicios financieros. Estados Unidos las acusa de participar en el movimiento de dinero a favor del gobierno cubano.
Otra entidad vinculada a GAESA tendría funciones logísticas dentro de la isla. Washington sostiene que esa empresa actúa para cumplir encargos del aparato estatal cubano.
GeoMinera también queda en la lista
La medida incluye además a 2 entidades relacionadas con la explotación de recursos minerales y metálicos en Cuba.
Entre ellas aparece la empresa estatal cubana GeoMinera, mencionada expresamente por Rubio en su declaración.
El gobierno estadounidense considera que estas compañías generan ingresos relevantes para las autoridades cubanas a partir de las reservas minerales de la isla.
La decisión amplía así el alcance de las sanciones hacia sectores que no solo tienen peso económico interno, sino también vínculos con operaciones comerciales y financieras externas.
Una familiar de Alejandro Castro Espín
El comunicado también señala a la esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente cubano Raúl Castro.
Alejandro Castro Espín ya había sido sancionado previamente bajo la orden ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026.
Washington afirma que estas personas y entidades “financian, facilitan o se benefician” de actividades que considera contrarias a sus intereses de seguridad nacional y política exterior.
La inclusión de una integrante de la familia extendida de los Castro muestra que la presión estadounidense no se limita a empresas o instituciones.
También alcanza a figuras del círculo familiar y político vinculado al poder histórico en Cuba.
La base legal usada por Washington
Las sanciones fueron aplicadas bajo la orden ejecutiva 14404, que permite castigar a personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba o con acciones consideradas amenazas para Estados Unidos.
El Departamento de Estado también vinculó la medida con la orden ejecutiva 14380 y con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5.
Según Washington, esos instrumentos buscan presionar por cambios en derechos humanos, Estado de derecho, libre empresa y democracia en Cuba.
La Habana, por su parte, ha rechazado de forma reiterada este tipo de medidas. El gobierno cubano las presenta como parte de una política de castigo colectivo contra la población.
Más presión sobre la economía cubana
Las nuevas sanciones llegan en un escenario económico complejo para Cuba, marcado por apagones, baja disponibilidad de divisas y dificultades para sostener servicios básicos.
El aumento de restricciones sobre empresas financieras, logísticas y mineras puede complicar aún más las operaciones internacionales vinculadas a la isla.
También puede generar cautela entre compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades cubanas señaladas por Estados Unidos.
El efecto práctico dependerá de cómo se apliquen las medidas y de la exposición de esas empresas al sistema financiero internacional.
Lo cierto es que Washington vuelve a colocar a GAESA y a sectores estratégicos de la economía cubana en el centro de su política de sanciones.
