El Departamento de Seguridad Nacional dio instrucciones a ICE para ir contra los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo fraudulentas, en una medida que endurece el control sobre el sistema humanitario en Estados Unidos.
El memorando que lo ordena
El asesor jurídico general del DHS, James Percival, firmó el 26 de mayo un memorando que instruye a la Oficina del Asesor Legal Principal de ICE a desarrollar «políticas antifraude» para una «aplicación robusta» de la ley federal contra el fraude documental migratorio, según confirmó CBS News a partir del documento interno.
La directiva establece que cualquier esfuerzo «debe incluir medidas contra los abogados de inmigración que presenten solicitudes de asilo falsas ante los tribunales de inmigración».
Percival señaló en el documento que las solicitudes de asilo se han convertido en una «práctica habitual» usada por abogados que argumentan que «prácticamente todo inmigrante indocumentado» enfrenta persecución o tortura.
«Durante muchos años, millones de inmigrantes ilegales han cometido fraude contra nuestro sistema migratorio», escribió el funcionario, y agregó que «en ningún lugar esto es más desenfrenado que en los tribunales de inmigración».
Sanciones existentes que ahora se aplicarán con más fuerza
La orden no crea sanciones nuevas. Indica que los abogados de ICE usarán con mayor frecuencia las herramientas administrativas ya disponibles contra letrados acusados de presentar solicitudes falsas.
La ley citada por Percival permite imponer multas civiles de hasta 4.730 dólares por cada documento o acto fraudulento en una primera infracción, y hasta 11.823 dólares en caso de reincidencia.
En situaciones más graves, una determinación de fraude puede derivar en una orden de cese y desistimiento, la suspensión del abogado ante los tribunales de inmigración o cargos penales.
Para los migrantes, esto significa que sus solicitudes de asilo podrían enfrentar mayor escrutinio si fueron preparadas por abogados bajo investigación.
El golpe directo a los cubanos que buscan asilo
La medida alcanza directamente a los migrantes cubanos. Históricamente, el asilo ha sido una de las vías principales para regularizar su estatus en Estados Unidos.
Muchos cubanos que llegan sin parole humanitario ni otros beneficios migratorios contratan abogados para presentar solicitudes basadas en persecución política, una condición que el gobierno de Trump ha cuestionado de forma sistemática.
La semana pasada, la administración anunció que ciertos inmigrantes deberán salir del país para solicitar la residencia permanente. Esto complica aún más el panorama para los cubanos que buscan ajustar su estatus sin abandonar el territorio estadounidense.
La base legal del memorando
El documento de Percival invoca la orden ejecutiva de Trump de enero de 2026, «Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión», y una directiva presidencial de marzo que ordena al fiscal general buscar sanciones contra abogados y firmas que presenten litigios «frívolos» contra el gobierno federal.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración calificó esa orden de marzo como una amenaza «peligrosa» para los letrados que representan a inmigrantes.
El gobierno ya tiene antecedentes en este frente. En 2023, fiscales federales en Nueva York anunciaron condenas contra abogados de inmigración acusados de preparar solicitudes de asilo fraudulentas y entrenar a sus clientes para mentir bajo juramento.
