La inversión extranjera en Cuba enfrenta un escenario más estrecho por sanciones, litigios sobre propiedades confiscadas y dudas sobre garantías legales para las empresas.
El panorama afecta a compañías de Estados Unidos, Canadá, España y otros países con interés en sectores como turismo, minería, transporte, energía, telecomunicaciones y servicios financieros, según datos y testimonios recogidos por Politico.
Empresas miran a Cuba, pero evitan comprometer capital
El deterioro de la infraestructura cubana exige recursos de gran escala. Redes de agua, electricidad, internet, transporte y servicios financieros necesitan inversiones que el Estado cubano no puede cubrir por sí solo.
La dificultad está en quién asumiría ese riesgo. Empresarios citados por Politico describen interés por Cuba, pero poca disposición a firmar contratos mientras no existan garantías sobre propiedad, pagos, normas comerciales y recuperación del capital.
Horacio García Jr., dirigente empresarial cubanoamericano del Cuba Freedom Council, señaló que el país requiere una reconstrucción profunda. Su evaluación incluye redes básicas, sistema bancario y servicios esenciales.
Rick Scott, senador republicano por Florida, vinculó cualquier inversión relevante con condiciones políticas y jurídicas. Su posición es que el dinero privado no entrará en cantidades importantes si no hay democracia clara y estado de derecho.
John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio Económico Estados Unidos-Cuba, resumió el comportamiento empresarial en dos planos: hay atención sobre lo que pueda ocurrir en la isla, pero casi nadie toma decisiones de inversión mientras el futuro político siga abierto.
Las reclamaciones por propiedades confiscadas elevan el riesgo
El obstáculo legal más visible está en las reclamaciones por propiedades confiscadas después de 1959. Ese frente volvió a ganar peso con demandas amparadas en la Ley Helms-Burton.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el 21 de mayo el caso Havana Docks Corp. v. Royal Caribbean Cruises, Ltd. El fallo permite seguir una reclamación contra cuatro líneas de cruceros que usaron instalaciones portuarias de La Habana entre 2016 y 2019.
El expediente menciona a Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises. Havana Docks alega que esas compañías utilizaron muelles confiscados por el Gobierno cubano sin compensación a la empresa con reclamación certificada.
Ese caso no equivale a una condena automática contra toda empresa que opere en Cuba. Sí obliga a revisar activos, hoteles, puertos, terrenos y acuerdos comerciales vinculados a propiedades reclamadas por ciudadanos o compañías de Estados Unidos.
Para una firma extranjera, el cálculo no se limita al mercado cubano. También incluye exposición judicial en Estados Unidos, relaciones bancarias, seguros, proveedores, reputación corporativa y posibles sanciones por trabajar con entidades estatales cubanas.
GAESA queda en el centro de las sanciones
Las restricciones recientes contra GAESA aumentan la revisión sobre negocios vinculados al conglomerado militar cubano. La presión alcanza a bancos, navieras, hoteles, proveedores, aseguradoras y socios de terceros países.
La Orden Ejecutiva 14404, publicada en el Registro Federal, autoriza medidas contra personas o entidades relacionadas con sectores definidos de la economía cubana. Entre ellos figuran energía, defensa, metales, minería, servicios financieros y seguridad.
OFAC también emitió orientaciones para la liquidación de determinadas operaciones con entidades designadas. En el caso de GAESA, los reportes citan el 5 de junio de 2026 como fecha límite para cerrar transacciones señaladas sin exponerse a sanciones secundarias.
Esa fecha importa para empresas no estadounidenses que hayan mantenido vínculos con entidades controladas por militares cubanos. Una operación considerada significativa puede afectar acceso a bancos, contratos, seguros o mercado estadounidense.
El costo de reconstruir infraestructura básica en Cuba se mide en miles de millones de dólares. Sin reglas claras, acceso financiero confiable y protección legal verificable, la inversión privada seguirá limitada a operaciones puntuales.
El plazo inmediato asociado a GAESA vence el 5 de junio de 2026, según los reportes sobre la aplicación de la Orden Ejecutiva 14404.
