Varias empresas españolas que gestionan hoteles en Cuba han corrido con suerte y no serán sancionadas por el gobierno norteamericano luego de que cuatro compañías de cruceros recibieran multas de millones de dólares por operar en los puertos de la isla.

Ni Meliá, Iberostar, Barceló o NH entran en la categoría de demandadas por expropiación en Cuba ya que el propio Tribunal de Apelación argumenta que quienes hayan heredado las propiedades después del 12 de marzo de 1997 no tienen derecho a reclamar.

La posibilidad de haber sido castigadas realmente les picó cerca, debido a los estatutos de la ley de Libertad y Solidaridad democrática de Cuba de 1996, más conocida como «Ley Helms-Burton», promulgada en marzo de ese año por Bill Clinton y cuyo objetivo principal fue amilanar la inversión extranjera en la isla.

Resulta que con la entrada a la presidencia de Donald Trump, se reactivó el artículo III de la referida Ley que había sido “paralizado” por las administraciones anteriores, y que prohibía terminantemente que cualquier empresa lucrara con propiedades embargadas por Cuba.

Aunque ahora respiran con cierto alivio, hace apenas tres años estas empresas fueron investigadas por parte del gobierno norteamericano y sus directivos temían una demanda millonaria por usar “el suelo” que nacionalizó Fidel Castro, después de 1959.

HOTELES DE ESPAÑA EN CUBA

En aquel entonces, varios funcionarios de las cuatro empresas ibéricas tenían prohibida la entrada a la isla como el caso del consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, que se negó a “compensar” a una familia en Estados Unidos por encontrarse la firma operando en un territorio que antes les pertenecía.

La decisión de los jueces desestimó recientemente las reclamaciones por parte de ciudadanos hacia estas cadenas hoteleras, que cuentan actualmente con gran presencia en la isla. Y es que España constituye uno de los socios comerciales con mayores inversiones en inmuebles turísticos en Cuba.