Un perfil oficialista del gobierno denunció que unos transportistas se apropiaron de 39 cajas de pollo que debían repartir en las carnicerías de Centro Habana, donde se venden los productos por la libreta de la canasta básica.

Según El Cubano Fiel, vinculado al Ministerio del Interior (Minint), el hecho ocurrió el pasado 17 de enero, cuando los distribuidores omitieron entregar el pollo correspondiente en la carnicería “El Gallo”, situada en Neptuno y Lealtad.

Los consumidores de ese establecimiento se quedaron sin el producto y las autoridades de comercio alertaron a la policía de Zanja, que detuvo a los responsables.

“39 cajas de pollo vendrían siendo a precio de calle unos 442 mil pesos cubanos de ganancias para los malhechores. Que los tribunales se encarguen de ellos para que aprendan que lo que es del pueblo no se juega”, escribieron desde el perfil vinculado al Minint.

El perfil oficialista, que suele enfatizar los delitos para desviar la atención de la crisis estructural del país, recordó que en junio pasado se capturó a seis personas que intentaban robar 300 cajas de pollo en el muelle de Tallapiedra, en La Habana.

“Corrupción y criminalidad imparables”, agregó un cubano en redes sobre este tipo de situaciones repetidas.

Escasez de pollo en Cuba: altos precios en mercado negro

En diciembre pasado, autoridades gubernamentales de la isla, anunciaron que fijarían y controlarían el precio de la carne de pollo que ofrecen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en el país. Ante una situación cada vez más grave de inflación, la autoridad decidió “ajustar” las tarifas de los productos esenciales, aunque esto todavía no se ve en las calles.

Es bien sabido que los compradores pagan actualmente precios muy altos por un paquete de pollo. Los negocios privados establecen el costo según el peso. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, habló sobre el tema en la televisión nacional. “Habrá una regulación de precios máximos de ciertos productos básicos, sin importar quién los venda”.

“El Estado debe hacer tantos esfuerzos para garantizar su consumo básico a través de la canasta familiar normada. Luego vemos una comercialización paralela a precios que realmente rozan con lo especulativo y lo abusivo, cuando revisamos los costos reales y en los mercados donde los están adquiriendo”, añadió.