El ingreso mínimo vital, las pensiones asistenciales y las ayudas a españoles retornados sostienen la economía de numerosos hogares en España.
Entre sus beneficiarios hay personas de origen cubano, venezolano, argentino y de otros países latinoamericanos.
Ante unas elecciones, surge una pregunta legítima: ¿qué prestaciones podrían modificarse si cambiara el Gobierno? La respuesta exige distinguir entre las ayudas vigentes, las propuestas electorales y las decisiones que necesitarían nuevas leyes.
El ingreso mínimo vital: una prestación creada durante el Gobierno de Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) en 2020. Posteriormente, la Ley 19/2021 consolidó esta prestación dentro del sistema de Seguridad Social.
Su finalidad es garantizar ingresos mínimos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. La cuantía depende de la composición del hogar y de sus ingresos y patrimonio.
No es una prestación reservada exclusivamente a ciudadanos españoles. También pueden acceder extranjeros con residencia legal y efectiva que cumplan los requisitos.
Como regla general, se exige un año de residencia legal y efectiva continuada antes de solicitarla. Existen excepciones para determinados colectivos.
El IMV incluye el complemento de ayuda para la infancia, destinado a familias que reúnen las condiciones económicas establecidas.
La información oficial sobre requisitos y solicitudes puede consultarse en la Seguridad Social.
¿Qué ocurre con el IMV si gobiernan PP y Vox?
El cambio de Gobierno no implica por sí solo la desaparición de una prestación regulada por ley. Para modificar sus condiciones serían necesarias decisiones normativas y, según su alcance, apoyo parlamentario.
El programa electoral de Vox presentado en noviembre de 2026 propone reservar el ingreso mínimo vital a los españoles con menos recursos.
También plantea promover el retorno de inmigrantes que perciban el IMV o complementos autonómicos. Se trata de una propuesta electoral, no de una norma vigente.
Esta distinción importa: un ciudadano español de origen cubano o venezolano no es jurídicamente un extranjero por haber nacido fuera de España.
El programa de Vox permite consultar el texto de estas medidas.
El PP, por su parte, ha defendido reformas de las políticas sociales y de inmigración. No debe atribuirse automáticamente a ese partido la propuesta concreta de Vox sobre reservar el IMV a españoles.
Tampoco puede darse por hecho que un eventual acuerdo de gobierno incorporaría todas las propuestas de ambos partidos. Dependería de la negociación política y de su aprobación legal.
Las pensiones asistenciales para españoles retornados
Otra prestación especialmente relevante es la pensión asistencial por ancianidad para españoles retornados.
La gestiona la Administración General del Estado, mediante los órganos responsables de la ciudadanía española en el exterior y las políticas de retorno.
Su regulación incluye el Real Decreto 8/2008. Por tanto, no nació con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque su gestión corresponde a la Administración estatal durante su mandato.
Se dirige a personas que cumplen requisitos específicos de nacionalidad, edad, retorno y situación económica. No equivale a una pensión contributiva ordinaria.
La Administración también contempla prestaciones por razón de necesidad para determinados españoles residentes en el exterior, con reglas diferentes.
Es importante distinguir ambas figuras: vivir en Cuba y regresar a España no genera automáticamente el derecho a cualquiera de estas prestaciones.
Las condiciones y vías de solicitud figuran en la información oficial del Ministerio de Inclusión.
¿Podrían eliminarse las ayudas a retornados?
Ningún cambio de Gobierno elimina automáticamente las pensiones asistenciales ya reguladas. Una modificación tendría que tramitarse mediante los instrumentos jurídicos correspondientes.
No hay base para afirmar que todos los españoles retornados perderían sus ayudas bajo un eventual Gobierno del PP y Vox.
La continuidad de las prestaciones, sus cuantías y los requisitos futuros dependerían de las decisiones efectivamente aprobadas.
Los beneficiarios deben seguir cumpliendo sus obligaciones de comunicación de ingresos, residencia y demás circunstancias exigidas por cada ayuda.
Otras ayudas que pueden interesar a las familias latinoamericanas
Además del IMV, existen prestaciones por desempleo, pensiones no contributivas y ayudas autonómicas para hogares vulnerables.
Cada una tiene requisitos propios. Algunas dependen del historial de cotizaciones; otras valoran ingresos, patrimonio, residencia o composición familiar.
Las personas con hijos pueden consultar el complemento de ayuda para la infancia. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos también ofrecen apoyos para vivienda, suministros y situaciones de emergencia.
El Gobierno de Sánchez ha defendido la actualización de las pensiones conforme al IPC y la ampliación de la protección social.
Estas medidas pueden beneficiar a personas de cualquier origen que reúnan las condiciones legales. No son ayudas especiales por haber nacido en Cuba, Venezuela o Argentina.
Nacionalidad española: ¿pueden expulsar a una persona nacionalizada?
Una de las dudas más delicadas afecta a quienes obtuvieron la ciudadanía española después de emigrar.
Un español nacionalizado no puede ser tratado como extranjero a efectos de expulsión administrativa por inmigración. La nacionalidad española no desaparece automáticamente por tener antecedentes penales.
Existen procedimientos legales específicos sobre nulidad o pérdida de nacionalidad en determinados supuestos. No equivalen a una expulsión general por haber cometido un delito.
La situación es distinta para una persona que conserva únicamente nacionalidad extranjera y reside en España.
La legislación de extranjería ya contempla supuestos de expulsión relacionados con determinadas infracciones y condenas. Exige procedimientos, garantías y valoración de las circunstancias aplicables.
La Ley Orgánica 4/2000 regula estos supuestos. Tener cualquier antecedente no significa que una expulsión sea automática.
Qué plantean PP y Vox sobre inmigración y residencia
El programa del PP de noviembre de 2026 propone endurecer determinadas vías de acceso y permanencia. Incluye restricciones a regularizaciones masivas y cambios en los mecanismos de arraigo.
También plantea un sistema de visados por puntos y criterios relacionados con empleo, formación e integración.
El programa electoral del PP recoge esas medidas.
Vox propone medidas más restrictivas para la inmigración irregular, la concesión de prestaciones y la expulsión de extranjeros en determinados supuestos.
Para quienes todavía no tienen nacionalidad española, los posibles cambios en arraigo, residencia y regularización pueden resultar especialmente relevantes.
Sin embargo, ninguna propuesta debe presentarse como una consecuencia inevitable. Su aplicación requeriría decisiones legislativas, administrativas o judiciales, según el caso.
¿Y los trámites para conseguir la nacionalidad española?
Los cubanos, venezolanos y argentinos, como nacionales de países iberoamericanos, pueden acogerse en general al plazo reducido de dos años de residencia legal para solicitar la nacionalidad española por residencia.
Este plazo está previsto en el Código Civil y no depende de una decisión discrecional del Gobierno de turno.
La solicitud exige además cumplir otros requisitos, como buena conducta cívica e integración, según la normativa aplicable.
Cambiar el plazo, los criterios legales o las vías de acceso a la ciudadanía exigiría las correspondientes reformas. No basta con un anuncio electoral.
Tampoco es correcto afirmar que todas las personas con antecedentes penales perderán la posibilidad de nacionalizarse. Cada expediente requiere valoración individual.
Pedro Sánchez y el debate sobre la protección social
Durante sus años en La Moncloa, Pedro Sánchez ha situado el salario mínimo, el ingreso mínimo vital y la protección de las pensiones entre las principales medidas sociales de sus gobiernos.
Su Ejecutivo también ha impulsado reformas laborales y cambios en los permisos familiares. Algunas de estas políticas se aprobaron mediante acuerdos con otros partidos y agentes sociales.
Quienes defienden ampliar estas prestaciones destacan su papel para reducir la pobreza y apoyar a hogares con ingresos bajos.
Sus críticos cuestionan aspectos como la financiación, la eficacia administrativa, los requisitos o los efectos de determinadas medidas.
Para quienes dependen de estas ayudas, la cuestión práctica consiste en conocer qué derechos están vigentes y cuáles podrían modificarse realmente.
Las propuestas electorales permiten identificar diferencias entre partidos. Pero solo las leyes, los presupuestos y las decisiones finalmente aprobadas determinan los derechos y obligaciones de los beneficiarios.















