La prospección minera vuelve al centro del debate económico. El Gobierno cubano aprobó una nueva concesión para investigar oro en el oriente del país. La decisión quedó oficializada en la Gaceta Oficial extraordinaria.
La medida autoriza trabajos geológicos durante tres años en una amplia zona de la provincia de Las Tunas. El objetivo es avanzar hacia una posible fase de exploración con mayor precisión técnica.
Concesión aprobada por el Consejo de Ministros
El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros dio luz verde a la solicitud presentada por el Ministerio de Energía y Minas. La concesión fue otorgada a la Empresa Geominera de Camagüey.
El acuerdo fue adoptado el 17 de diciembre de 2025 y firmado por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. La decisión se ampara en la Ley de Minas vigente desde 1994.
Ubicación y alcance del proyecto minero
El área autorizada se denomina Villa María–Las Tunas. Se localiza en los municipios de Jobabo y Las Tunas. La extensión total alcanza las 5 600 hectáreas.
Según el acuerdo, la zona fue evaluada y considerada compatible con la defensa nacional y el medio ambiente. Las coordenadas oficiales delimitan un polígono continuo destinado solo a la investigación del mineral oro.
Condiciones ambientales y obligaciones legales
La empresa concesionaria deberá obtener la licencia ambiental antes de iniciar los trabajos. También tendrá que cumplir normas sobre vertimientos, protección de cauces y manejo de residuos.
El acuerdo prohíbe afectar el manto freático y obliga a rehabilitar las áreas intervenidas. Se incluyen medidas de seguridad física, prevención de incendios y coordinación con autoridades militares y agrícolas.
Además, la empresa deberá entregar informes trimestrales y un reporte final de resultados. Parte de la información podrá declararse confidencial, si así se solicita formalmente.
Pagos, plazos y prioridad minera
La concesión tendrá una vigencia inicial de tres años, con posibilidad de prórroga. Durante ese período no se autorizarán otras concesiones de oro dentro del área.
El canon anual será de dos pesos por hectárea en prospección y cinco en exploración. Las actividades mineras tendrán prioridad sobre cualquier otro uso del suelo, según establece la ley.