La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó este 26 de enero de 2026 una nueva norma vinculada a la política económica del país. Se trata del Decreto-Ley 115 de 2025, junto a su reglamento, el Decreto 145 del Consejo de Ministros.
La disposición crea el marco legal de una Estrategia Nacional de Educación Financiera y define cómo debe aplicarse, quiénes la dirigen y qué instituciones están obligadas a participar. El texto entra en vigor treinta días hábiles después de su publicación.
Qué establece la nueva ley financiera
El Decreto-Ley define la educación financiera como un proceso para que las personas adquieran conocimientos y habilidades en la gestión de sus finanzas personales y empresariales. La norma se aplica a personas naturales y jurídicas que desarrollen iniciativas o programas relacionados con este ámbito.
La estrategia queda bajo la rectoría del Banco Central de Cuba, que asume la función de autoridad conductora y coordinadora. Para su implementación se crea una estructura compuesta por un Comité Estratégico, un Grupo Líder y un Comité Técnico, integrados por ministerios, bancos, entidades financieras, organismos tributarios y aseguradoras.
El texto obliga a las instituciones participantes a destinar recursos presupuestarios, divulgar las acciones educativas que desarrollen y remitir información periódica sobre los resultados. También fija principios como accesibilidad, sostenibilidad, imparcialidad y participación, además de establecer los contenidos que deben abordarse.
Entre esos contenidos figuran el uso del dinero, la planificación financiera, el ahorro, el crédito, la gestión de riesgos, los seguros, el sistema tributario, la protección al consumidor financiero y la prevención de estafas.
¿Qué cambia para la población?
La norma no implica aumentos de salarios, reducción de precios ni mejoras inmediatas en el acceso a bienes básicos. Tampoco introduce cambios directos en la política monetaria ni en la disponibilidad de efectivo.
Su impacto para el ciudadano común dependerá de si los bancos y entidades financieras cumplen con la obligación de ofrecer información clara sobre productos, comisiones, riesgos y derechos del cliente. En teoría, la ley refuerza el deber de explicar y educar, aunque no garantiza por sí sola una mejora en las condiciones económicas reales.
La reflexión crítica de Pedro Monreal
Tras la publicación del Decreto-Ley, el economista cubano Pedro Monreal cuestionó la prioridad y el enfoque de la medida. En su análisis, señaló que la burocracia estatal responde a la crisis creando nuevas estructuras y estrategias, en lugar de resolver los problemas de fondo.
Monreal subrayó que el Banco Central de Cuba no ha logrado cumplir su función básica de preservar la estabilidad del poder adquisitivo del peso cubano. Desde esa perspectiva, consideró problemático asignarle ahora una función pedagógica adicional, cuando la moneda nacional ha sufrido una fuerte pérdida de valor.
El economista planteó que la educación financiera es una tarea propia del sistema educativo y no una solución a desequilibrios macroeconómicos. También recordó que el Decreto-Ley fue aprobado en diciembre de 2025 y lo calificó como una norma secundaria, frente a la falta de avances en leyes más urgentes relacionadas con la propiedad, la empresa y la producción.
2/3 El Banco Central de Cuba ha demostrado ser incapaz de cumplir con su función básica de “sostener la estabilidad del poder adquisitivo del CUP” ¿Qué sentido tiene recargarlo ahora con una función “pedagógica? Esa es una tarea de entidades educativas pic.twitter.com/UZQU1ckFXG
— Pedro Monreal (@pmmonreal) January 26, 2026
En su análisis, advirtió que promover educación financiera sin corregir las distorsiones estructurales puede terminar trasladando la responsabilidad de la crisis al ciudadano, al presentar los problemas económicos como fallos de comportamiento individual y no como resultado del diseño del sistema.
Entre la norma y la realidad
La nueva ley fija obligaciones, estructuras y programas, pero su efecto práctico dependerá de su aplicación real. Para muchos cubanos, la diferencia solo será tangible si se traduce en mayor transparencia bancaria y mejor información en los trámites cotidianos. De lo contrario, la Estrategia Nacional de Educación Financiera corre el riesgo de quedarse en documentos, reuniones y reportes, sin impacto visible en la economía familiar.