Las ayudas sociales y las normas migratorias ocupan un lugar destacado en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Pedro Sánchez defiende la continuidad de las políticas de protección social impulsadas durante su mandato.
Para quienes viven en España o planean instalarse en el país, conviene distinguir las prestaciones vigentes de las propuestas electorales. El ingreso mínimo vital, las ayudas a retornados y la nacionalidad española tienen reglas distintas.
El ingreso mínimo vital, una prestación creada durante el Gobierno de Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez creó el ingreso mínimo vital (IMV) en 2020. Su objetivo es garantizar una cantidad mínima de ingresos a hogares con escasos recursos.
En 2026, la renta garantizada de referencia para una persona sola asciende a 733,60 euros mensuales. Esa cifra no representa un pago fijo para todos los solicitantes.
La Seguridad Social calcula la ayuda descontando los ingresos computables de la unidad de convivencia. También revisa el patrimonio y las circunstancias familiares.
Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, publicados el 10 de noviembre, el IMV protegía a 2.781.679 personas en 911.274 hogares durante octubre.
La prestación media alcanzaba los 524,60 euros al mes por hogar. Más de 1,1 millones de beneficiarios eran menores de edad.
Estas cifras muestran la dimensión económica del programa promovido por Sánchez. No permiten determinar cuántos receptores son cubanos, venezolanos, argentinos o españoles nacionalizados.
¿Pueden cobrar el IMV los cubanos y otros latinoamericanos?
La nacionalidad española no es un requisito universal para solicitar el IMV. También pueden acceder extranjeros con residencia legal y efectiva si cumplen las condiciones legales.
Como regla general, se exige haber residido legalmente en España durante un año continuado, con excepciones previstas en la normativa. También se valoran los ingresos y el patrimonio de la familia.
Un cubano con ciudadanía española y otro con residencia legal pueden reunir los requisitos. Tener DNI español, por sí solo, no garantiza la concesión.
El reconocimiento y pago dependen del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Las comunidades autónomas pueden ofrecer otras rentas o prestaciones complementarias.
Los requisitos completos figuran en el portal oficial del ingreso mínimo vital.
Las ayudas a españoles retornados no son lo mismo que el IMV
Otra figura relevante es el subsidio para personas emigrantes retornadas, administrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Puede solicitarlo una persona española que haya trabajado en determinados países extranjeros y vuelva a establecer su residencia permanente en España. También debe reunir las condiciones de desempleo y carencia de rentas.
El SEPE exige, con carácter general, doce meses de trabajo durante los seis años anteriores al retorno. Existen reglas específicas para los descendientes de emigrantes que obtuvieron la nacionalidad y se establecen por primera vez en España.
El organismo también revisa el país de procedencia y los convenios aplicables. Los trabajos realizados antes de obtener la nacionalidad no siempre sirven para acreditar el periodo exigido.
La duración máxima del subsidio es de 18 meses, siempre que se mantengan los requisitos. Se abona por tramos calculados sobre el IPREM.
Durante los primeros 180 días corresponde el 95 % del IPREM; después, el 90 % y finalmente el 80 %. La solicitud debe presentarse, por regla general, dentro de los seis meses posteriores al retorno.
Por eso, no todos los ciudadanos españoles que llegan de Cuba tienen automáticamente derecho al subsidio. El SEPE detalla los requisitos y documentos necesarios.
Nueva ayuda al retorno: hasta 7.600 euros, pero todavía no disponible
El Gobierno de Sánchez aprobó el Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, sobre la ciudadanía española en el exterior.
La norma se publicó en el BOE el 9 de noviembre y establece su entrada en vigor para el 29 de noviembre de 2026.
Incluye el compromiso de regular una nueva prestación para favorecer el retorno de españoles de origen, de entre 18 y 65 años, en situación de vulnerabilidad económica.
La futura ayuda tendrá una cuantía básica de 4.000 euros por beneficiario individual. Podrá alcanzar 7.600 euros para determinadas unidades familiares con tres o más familiares a cargo.
El Ejecutivo dispone de un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del reglamento para aprobar las condiciones específicas.
No es una ayuda abierta a solicitudes hoy. Falta regular sus requisitos, incompatibilidades, procedimiento y pago.
El texto íntegro aparece en el Boletín Oficial del Estado, incluida su disposición final primera.
¿Y las pensiones para españoles de origen mayores de 65 años?
Existe además una protección asistencial específica para determinados españoles de origen que regresan del extranjero con más de 65 años.
El nuevo reglamento mantiene esa vía y establece requisitos de edad, recursos y situación personal. No equivale a una pensión automática por tener pasaporte español.
Para las personas españolas de origen nacidas fuera de España, el artículo 68 exige ocho años de residencia previa en territorio español, ostentando esa condición durante todo el periodo.
Este detalle es particularmente importante para descendientes de españoles nacidos en América Latina. No deben confundir la nacionalidad de origen con un derecho inmediato a esa prestación.
Tampoco todos los españoles nacionalizados por residencia tienen la consideración de españoles de origen. Las modalidades de adquisición de nacionalidad producen efectos jurídicos diferentes.
La tramitación de estas prestaciones corresponde al ámbito estatal, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.
Qué plantea Pedro Sánchez sobre la protección social y el retorno
El PSOE defiende en su programa electoral de 2026 el fortalecimiento del estado de bienestar y la protección de las personas con menos recursos.
También propone reforzar la red consular y desarrollar un nuevo Plan Integral de Retorno, coordinado con las comunidades autónomas.
Su compromiso número 491 contempla mejorar la información y el acompañamiento de los españoles que desean trasladar nuevamente su residencia al país.
Durante el Gobierno de Sánchez también se desarrolló el complemento de ayuda para la infancia, vinculado al IMV. Su acceso depende de los ingresos familiares y de otros requisitos.
Estas líneas políticas indican las prioridades anunciadas por el PSOE. Sin embargo, ninguna promesa electoral equivale por sí sola a una ayuda aprobada o presupuestada.
¿El PP eliminaría el ingreso mínimo vital?
El programa electoral de 2026 del Partido Popular no contiene una propuesta expresa de eliminación general del IMV.
Sí plantea cambios en el acceso a determinadas ayudas, atendiendo al arraigo con España. Su punto 98 menciona la trayectoria de cotización, la permanencia y el empadronamiento.
El propio documento señala que esos criterios deberán respetar los límites constitucionales y europeos. Además, no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad.
En inmigración, el PP propone endurecer los requisitos de residencia y ampliar las expulsiones de extranjeros condenados por determinados delitos.
El texto está disponible en el programa electoral del Partido Popular.
No puede afirmarse que una eventual llegada del PP al Gobierno eliminaría automáticamente las prestaciones actualmente concedidas. Habría que conocer las normas que propusiera y consiguiera aprobar.
Vox sí propone reservar el IMV a ciudadanos españoles
El programa electoral de Vox incluye una modificación expresa del ingreso mínimo vital. Su medida 22 propone destinarlo únicamente a españoles con escasos recursos.
También plantea promover el retorno de inmigrantes que perciban el IMV o complementos autonómicos. La propuesta figura dentro del apartado de prioridad nacional.
Un español nacido en Cuba y nacionalizado sigue siendo ciudadano español. Por tanto, la formulación de reservar el IMV a españoles no significa, por sí sola, excluir a todos los nacionalizados.
Distinta sería la situación de extranjeros con residencia legal que hoy cumplen los requisitos. La propuesta de Vox restringiría el acceso de ese colectivo si llegara a convertirse en ley.
Vox plantea, asimismo, gravar las remesas enviadas al extranjero. Una medida así podría afectar al coste de mandar dinero a familiares fuera de España.
La formación recoge estas posiciones en su programa electoral para el 29 de noviembre.
Nacionalidad española: qué podría cambiar para los latinoamericanos
La legislación actual permite solicitar la nacionalidad española por residencia tras dos años de residencia legal y continuada a los nacionales de origen de países iberoamericanos.
Es una reducción respecto al plazo general de diez años. No concede automáticamente el pasaporte al cumplirse el segundo año.
También se exige acreditar buena conducta cívica e integración, junto a los demás requisitos legales. Así lo establece el artículo 22 del Código Civil.
El PP propone una nueva Ley de Nacionalidad con condiciones más estrictas. A la vez, anuncia que mantendrá un trato preferente para los países de la Hispanidad.
Vox plantea endurecer el acceso, eliminar el arraigo y revisar lo que denomina vías rápidas hacia la ciudadanía. Las dos formaciones también proponen revisar concesiones fraudulentas.
Ninguno de esos cambios está vigente únicamente por figurar en un programa electoral. Su alcance dependería de la legislación finalmente aprobada.
El programa del PSOE apuesta por agilizar la administración y simplificar trámites migratorios. No anuncia una reducción general de los dos años de residencia previstos actualmente para iberoamericanos.
Antecedentes penales, expulsión y pérdida de nacionalidad: las diferencias
Los programas del PP y de Vox contienen medidas para ampliar la expulsión de extranjeros por determinados delitos.
El PP menciona delitos sexuales, delitos de sangre y multirreincidencia. También propone regular la pérdida de nacionalidad de españoles no de origen condenados por determinados delitos graves.
Vox plantea ampliar los supuestos de pérdida de nacionalidad para españoles no de origen por delitos graves o reiterados.
Conviene distinguir antecedentes penales, procedimientos judiciales pendientes, condenas firmes y simples infracciones administrativas. No producen automáticamente las mismas consecuencias legales.
Una persona extranjera puede afrontar medidas de expulsión en supuestos previstos por la ley, con las garantías y recursos correspondientes. No basta afirmar que cualquier problema judicial causará su deportación.
Tampoco se puede expulsar sin más a alguien que mantiene la nacionalidad española. La privación o pérdida de esa condición se rige por normas diferentes.
La Constitución, en su artículo 11, dispone que ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad.
Para los españoles que no lo sean de origen, el Código Civil contempla causas concretas de pérdida y nulidad. Un cambio en estas reglas requeriría respetar el marco constitucional y las garantías jurídicas.
El papel del próximo Gobierno y del Parlamento
El resultado electoral, por sí solo, no modifica las cuantías del IMV ni cancela los subsidios del SEPE. Las prestaciones mantienen sus reglas mientras no cambie la normativa aplicable.
Las propuestas de los partidos pueden convertirse en leyes, quedar modificadas durante la negociación parlamentaria o no aprobarse.
También importa el origen de cada ayuda. El IMV depende de la Seguridad Social, los subsidios por desempleo del SEPE y algunas prestaciones familiares o de vivienda de las autonomías.
Por eso, al analizar cualquier cambio futuro, es necesario identificar qué administración tiene la competencia y cuál es la norma que regula cada beneficio.















