El pasado lunes, la gobernación de la Florida dio a conocer que se mantienen las intenciones de trasladar a inmigrantes a estados demócratas. Esta publicación sucede después de que el estado sureño pagara $1 millón de dólares por la reubicación de un grupo en Illinois y Delaware.

Estaba planificado hacer un envío el 3 de octubre, sin embargo tuvo que ser pospuesto a causa del tránsito del ciclón tropical Ian. La entidad con la que la administración del sur estadounidense pactó la transportación, alargó el contrato para principios de diciembre.

En el presente 2022 los congresistas del estado concedieron un fondo de $12 millones de dólares para colocar indocumentados de la península en otras zonas. La tesorería nacional sospecha corrupción en el manejo del presupuesto destinado a combatir el coronavirus y utilizado para financiar la reubicación de exiliados. El gobernador Ron DeSantis está siendo investigado desde Texas por presuntas violaciones en este sentido.

El hecho que generó contradicciones

Todo ocurrió cuando en septiembre, dos aeronaves despegaron de San Antonio con 49 personas sin documentos y aterrizaron en la isla de Martha´s Vineyard, Massachusetts. Este lugar es popular por ser un espacio de calidad para las vacaciones de turistas pudientes. En entrevistas realizadas a los migrantes, se supo que estos aceptaron propuestas de empleo, casa y seguridad de funcionarios de Florida.

La abogada de cinco miembros que estuvieron presentes en el viaje, informó que sus representados tienen derecho a visas por convertirse en víctimas de crimen. La conocida como Visa U es concedida a los que se ven involucrados en delitos y ayudan a las autoridades a esclarecerlos.

El Departamento de Seguridad Nacional garantiza la permanencia de estas personas en Estados Unidos de América mientras contribuyen con las investigaciones policiales. Javier Salazar es el alguacil del condado de Bexar en Texas y comunicó que los implicados fueron engañados con mentiras, además de ser arrestados ilegalmente.