La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar advierte del peligro de una deportación de inmigrantes beneficiados con parole.

Salazar dice estar preocupada e instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a proteger a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos acogidos al programa parole humanitario y sin antecedentes penales, quienes enfrentan el riesgo de deportación tras recientes decisiones del gobierno estadounidense.

Llamado a garantizar derechos procesales

En una carta dirigida a Benjamine Huffman, secretario interino de Seguridad Nacional, Salazar expresó su preocupación por las implicaciones de las nuevas medidas anunciadas por la administración de Donald Trump. Las cuales expanden el alcance del proceso de deportación acelerada.

Inmigrantes en Miami

Según la congresista, estas políticas afectarían principalmente a inmigrantes residentes en Miami, donde muchos beneficiarios del programa parole se encuentran actualmente.

Salazar pidió al DHS asegurar que todos los migrantes bajo el programa CHNV (procesos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos) puedan acceder a garantías procesales y permanecer en el país mientras se resuelven sus casos.

También solicitó que los beneficiarios del parole elegibles para la Ley de Ajuste Cubano sean protegidos de posibles expulsiones.

Expansión de deportaciones

El programa parole, implementado durante la administración de Joe Biden, permitió la entrada de miles de migrantes de forma temporal.

Sin embargo, Trump calificó el programa como «legalmente dudoso» y concedió mayores facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para revocar el estatus de los beneficiarios y acelerar su deportación.

Un memorando interno del DHS, divulgado recientemente, establece que las autoridades de ICE podrán reasignar casos en curso a un proceso de deportación más rápido.

Esto incluye retirar el estatus temporal a quienes ingresaron al país mediante el parole humanitario o la aplicación CBP One.

Defensa de los migrantes

Salazar argumentó que, aunque el programa parole fue cuestionado por su base legal, los beneficiarios se acogieron a él siguiendo los canales establecidos.

En este sentido, enfatizó que no deben ser castigados por las decisiones políticas de administraciones anteriores.

“Deben protegerse los derechos de aquellos que llegaron legalmente bajo estos programas, cumplieron con los requisitos y están en procesos legales, como el asilo”, declaró la congresista en su cuenta de X.

La situación ha generado preocupación entre grupos defensores de derechos de los inmigrantes. Quienes han señalado que estas medidas podrían afectar a miles de familias en Estados Unidos.