El Gobierno busca respaldo de la Corte Suprema para ejecutar traslados inmediatos de migrantes sin aviso previo ni derecho a defensa.

La Casa Blanca apela al máximo tribunal

La administración de Donald Trump solicitó este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que avale una polémica política migratoria que permitiría deportar a personas detenidas sin necesidad de notificación previa ni posibilidad de presentar alegaciones.

Según documentos oficiales, el Departamento de Seguridad Nacional defiende su facultad para expulsar a migrantes hacia terceros países, sin que se requiera un análisis detallado sobre el riesgo que enfrentarían al ser enviados fuera del país. El procedimiento se activa incluso fuera del horario laboral, dificultando el acceso a representación legal.

La política, vigente desde el regreso de Trump a la presidencia, ha sido duramente cuestionada por jueces federales y organizaciones de derechos humanos. En marzo, el juez Brian Murphy bloqueó su aplicación al considerar que viola el debido proceso.

El fallo judicial exigía garantías mínimas

Murphy, designado durante el mandato de Joe Biden, argumentó que los migrantes no tienen “una oportunidad significativa” de oponerse a su expulsión. Ordenó que las autoridades migratorias deben notificar con al menos 72 horas de antelación a los detenidos antes de entrevistarlos por temor creíble. En caso de no superar ese filtro, se les debe conceder un plazo adicional de 15 días para intentar reabrir su caso.

Pero la Casa Blanca no acató pasivamente. Elevó el caso a la Corte Suprema alegando que la decisión del juez obstaculiza la ejecución de políticas migratorias urgentes y perjudica la diplomacia estadounidense.

Traslados a países en guerra avivan la polémica

La política cobró notoriedad cuando se supo que varios migrantes habían sido trasladados a Sudán del Sur, país devastado por el conflicto armado y la violencia étnica. Según registros judiciales, los expulsados se sacaron de centros de detención en plena madrugada, sin opción de contactar a sus abogados ni recibir información sobre su destino.

Uno de esos vuelos incluyó a ciudadanos cubanos. Las condiciones del traslado, en vuelos militares y bajo incomunicación total, generaron críticas por parte de organizaciones migratorias, que consideran que se violaron tratados internacionales.

Washington dice que hay garantías diplomáticas

En su apelación, el Departamento de Justicia sostuvo que la medida judicial obliga al país a mantener detenidos en instalaciones militares en el extranjero o traerlos de regreso a Estados Unidos. Según el escrito, “el país enfrenta una crisis de inmigración ilegal. En gran parte porque muchos extranjeros que más merecen ser expulsados son también los más difíciles de remover”.

El Gobierno defendió que existen acuerdos con países receptores para evitar torturas, aunque medios como CNN reportaron planes para enviar migrantes a Libia y Arabia Saudita. El Ministerio de Exteriores libio negó haber firmado ningún acuerdo con Estados Unidos.

Graves advertencias desde la justicia y la sociedad civil

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito se negó a suspender el fallo del juez Murphy, alertando sobre el riesgo de “daños irreparables” si las expulsiones continúan sin garantías.

Defensores de derechos humanos insisten en que esta política viola la Convención contra la Tortura. La que prohíbe entregar a cualquier persona a un país donde pueda sufrir malos tratos o persecución. La reciente deportación de cubanos a Sudán del Sur ha avivado las denuncias sobre la falta de humanidad y legalidad en los procedimientos actuales.

Trump, por su parte, continúa promoviendo su agenda migratoria con el argumento de que así se refuerza la seguridad nacional.