El impuesto a segundas viviendas de lujo en Nueva York podrá seguir su implementación tras una decisión judicial favorable al gobierno de Zohran Mamdani.
La resolución del 4 de noviembre revocó una orden de septiembre que obligaba a la ciudad a rehacer parte de las notificaciones. Sin embargo, no resuelve las demandas pendientes contra la legalidad del recargo.
Una notificación no implica una obligación de pago
Para los propietarios, recibir una carta sobre el impuesto no significa automáticamente que deban pagarlo. La medida contempla exenciones cuando el inmueble funciona como vivienda principal del dueño, de un inquilino o de determinados familiares.
El recargo apunta a propiedades residenciales de alto valor utilizadas como segundas viviendas. El Departamento de Finanzas ya aprobó más de 8800 solicitudes de exención, según las cifras divulgadas sobre su implementación.
La ley que autoriza este gravamen entró en vigor el 28 de mayo de 2026, según el Departamento de Finanzas municipal. Sus reglas exigen publicar un registro complementario de propiedades que podrían quedar sujetas al cobro.
La corte resolvió sobre el perjuicio alegado
Los demandantes cuestionaron las cartas enviadas a posibles contribuyentes y la publicación de un listado de inmuebles. Alegaron que algunas propiedades incluidas eran residencias principales, no segundas viviendas.
La División de Apelaciones de la Corte Suprema estatal, Segundo Departamento, concluyó que esos propietarios no demostraron un perjuicio concreto para demandar. Recibir una comunicación o aparecer en el registro público no bastaba, por sí solo, para acreditar ese daño.
Los jueces tampoco encontraron pruebas de acoso, fraude u otro perjuicio identificable asociado a la publicación. El fallo se concentró en la legitimación de los demandantes: no validó cada paso administrativo ni resolvió todas las objeciones al impuesto.
Dos cálculos distintos de recaudación
La administración de Mamdani estima que el recargo podría aportar unos 500 millones de dólares anuales para financiar servicios públicos. El alcalde celebró la decisión y anunció que continuará defendiendo la medida ante los tribunales.
El contralor municipal Mark Levine había calculado una recaudación de hasta 380 millones de dólares al año, procedente de aproximadamente 11 200 propiedades. Ambas cifras son proyecciones, no ingresos garantizados: el resultado dependerá de los inmuebles sujetos al cobro, sus valoraciones y las exenciones.
Entre las impugnaciones pendientes figura una demanda en la que participan el empresario Steve Wynn y el exsecretario de Comercio Wilbur Ross. Sus argumentos cuestionan la constitucionalidad del recargo y sostienen que discrimina a propietarios que no residen permanentemente en Nueva York.
